La ley mordaza vetada este viernes por el presidente de la República, Carlos Alvarado, murió apenas regresó a la Asamblea Legislativa, confirmó el director del departamento de Secretaría del Directorio, Edel Reales.
El expediente legislativo 20.799, que contiene la iniciativa legal vetada, tenía, como todos los proyectos de ley, un plazo de cuatro años para su aprobación el cual se venció el pasado 1.º de mayo pues el texto entró en 2018. Como se votó el 27 de abril pasado, antes de que terminara el periodo de los cuatro años, los congresistas no le dieron ninguna extensión más.
En consecuencia, Reales confirmó que el destino del expediente será el Archivo del Congreso.
De hecho, en la carta en que la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, remite el veto presidencial al expediente 20.799 al Congreso, ella apuntó que ese proyecto de ley registró su vencimiento de plazo cuatrienal el pasado domingo 1.º de mayo.
La jerarca explicó que, en caso de no estar contemplado un mecanismo procedimental que permita su conocimiento, “se les hace una respetuosa instancia a que se tramite un nuevo expediente legislativo que contenga los aspectos de fondo que propuso la ley en cuestión”.
Dinarte planteó la recomendación de que ese nuevo expediente se pueda someter a la vía rápida del trámite parlamentario, “considerando la importancia del objeto de la norma”.
Precisamente, por quedar enterrado este proyecto con el veto presidencial y el vencimiento del plazo cuatrienal, al final del documento la Presidencia de la República explica que no se hace una recomendación de redacción que sustituya los incisos vetados.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció este viernes que vetaba la iniciativa legal, de forma parcial, y no total, porque hay dos incisos que considera inconstitucionales, y otros seis por razones de oportunidad y conveniencia.
No obstante, al recibirse el documento en la Asamblea Legislativa, esta informó de que el único trámite que se puede realizar ahora en el Congreso es el archivo del expediente, por ese vencimiento de plazo cuatrienal ya mencionado.
En este enlace usted puede consultar el documento de 20 páginas que contiene el veto presidencial:
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El expediente 20.799 fue uno de los muchos que fueron aprobados a la carrera, en la última semana de labores de los anteriores diputados, y que contiene los incisos polémicos.
Dos días después de su aprobación, el Colegio de Periodistas solicitó al presidente de la República que vetara la iniciativa y a esa petición se unieron, en el transcurso de la semana, tres fracciones parlamentarias: Liberal Progresista (PLP), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
Liberación Nacional (PLN) se sumó a la petición, pero a través de su Directorio Político, mientras que las fracciones de Progreso Social Democrático y Nueva República, lideradas por los periodistas Pilar Cisneros y Fabricio Alvarado, respectivamente, guardaron silencio.