Los diputados eligieron ayer por la tarde al juez de trabajo Luis Fernando Salazar como magistrado para llenar la última vacante que había en la Sala Constitucional.
El juez laboral asumirá, a partir de hoy, la silla que dejó vacante la exmagistrada Ana Virginia Calzada, tras acogerse a su jubilación desde el 1.º de junio.
Salazar, quien no participó en el proceso de selección de candidatos a integrar ese tribunal, recibió el apoyo de 40 legisladores en la cuarta ronda de votación.
En la primera había tenido solo 36 sufragios, mientras en la segunda y tercera el voto de 37 congresistas.
La Constitución Política exige 38 votos como mínimo para la elección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Salazar surgió como una opción de último minuto, tras la negociación entre los partidos Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense y Restauración Nacional.
La elección se dio un día después de que los legisladores nombraron, también como magistrada constitucional, a Nancy Hernández, en la silla que dejara Luis Paulino Mora en febrero, al fallecer en forma inesperada.
El jefe de la fracción del Movimiento Libertario, Danilo Cubero, dijo que su partido apoyó al candidato a magistrado de los liberacionistas tras analizar sus sentencias e interpretaciones jurídicas.
“No tiene ningún sesgo o participación política, hecho que lo legitima aún más para estar en la Sala Constitucional”, dijo el libertario.
Rodolfo Sotomayor, jefe del PUSC, aseguró que fueron las condiciones intelectuales de Salazar las que convencieron a su partido de darle el apoyo al juez de lo laboral para entrar a la Sala IV.
Suspensión. La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) objetó el nombramiento de Luis Fernando Salazar, por dos razones.
La jefa de fracción del PAC, Carmen Muñoz, dijo que la primera es que el acuerdo entre los partidos para nombrar al juez se dio tras bambalinas.
La segunda, en el expediente de Salazar hay una suspensión de 15 días sin goce de salario por una supuesta falta grave, tras una queja por un presunto atraso injustificado en la tramitación de un juicio ordinario.
Consultado por La Nación , Salazar confirmó que la suspensión se le aplicó, pero alegó que posteriormente varios órganos judiciales declararon ese acto como nulo.
El nuevo magistrado constitucional, quien será juramentado por los diputados esta tarde, recordó que, en el 2005, él y tres jueces de trabajo más fueron acusados de supuesto acoso laboral.
Salazar aseguró que la acusación se declaró sin lugar, pero añadió que eso generó divisiones y el surgimiento de una nueva demanda, por un supuesto voto en el que –sostuvo– nunca participó.
“Todo fue por el error informático de un auxiliar judicial, que le dio ‘terminado estadístico’ antes de que el expediente llegara a mi oficina”, dijo Salazar.
Según la diputada Muñoz, en el plenario no hubo ocasión de señalar esa situación y añadió que pesó más el acuerdo político para hacer la designación.