El candidato presidencial liberacionista, Johnny Araya, volvió a criticar al Gobierno, ahora por el proyecto de refinería petrolera conjunta con China.
También clamó por que la presidenta Laura Chinchilla establezca responsabilidades entre los jerarcas a cargo del proyecto, truncado por el informe emitido ayer por la Contraloría General de la República.
"Lo lamento mucho. Ojalá que el Gobierno establezca responsabilidades. En Costa Rica cuesta demasiado hacer obra pública y aquí hay mucha chapucería. Esto no ha sido bien manejado", contestó Araya tras recordar que desde hace tres semanas consideró "razonables" las dudas planteadas por académicos y políticos en torno al plan de ampliación de la refinería en Moín de Limón.
"No digo que don René (Castro, ministro de Ambiente) sea responsable en esto, pero tampoco puedo descartarlo", expresó Araya, quien consideró que el país no puede seguir dejando que errores como este queden sin responsables. Ayer se conoció la renuncia del presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Jorge Villalobos.
Pablo MontielPeng Liyuan saludó para las cámaras a Sandra León, novia del alcalde y candidato presidencial Johnny Araya, quien este mes renunciará a la Municipalidad de San José para trabajar de lleno en campaña política. (Pablo Montiel)
"Me molesta que ocurran estas cosas y contribuyan al clima de desconfianza y de frustración. El país no puede pasar por alto estas cosas. Cuesta construir confianza en estas condiciones", lamentó el aspirante presidencial, quien en abril también criticó al gobierno de Chinchilla en ocasión del proyecto de concesión de la carretera San José-San Ramón, en manos de la empresa brasileña OAS.
"Costa Rica está perdiendo credibilidad ante el mundo. Deben darse señales fuertes, no importa que falten diez meses (para que acabe el gobierno de Laura Chinchilla", añadió el candidato, ubicado en posición favorable en las encuestas de cara a las elecciones de febrero.
Araya consideró que el proyecto de refinería queda "muy comprometido" después del informe de la Contraloría, el cual confirma numerosas objeciones legales y de rentabilidad en torno al plan valorado en $1.500 millones, una idea surgida desde que Costa Rica y China establecieron relaciones diplomáticas, en junio del 2007.
