Una pugna legal entre la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) impide suspender sin goce de salario a los alcaldes y regidores que cometen irregularidades en el ejercicio de su función.
La contralora general, Marta Acosta, alega que el TSE es el responsable de hacer cumplir el castigo, pues fue el órgano que entregó las credenciales a los jerarcas municipales y, por ende, es su superior jerárquico.
Argumenta, además, que el ente contralor solo emite recomendaciones vinculantes, pero no está facultado para ejecutar los castigos.
Acosta sustenta su posición en un pronunciamiento del Tribunal Procesal Contencioso- Administrativo y Civil de Hacienda, de julio del 2015.
“El TSE constituye el órgano que por disposición legal debe ejecutar las recomendaciones de sanciones de suspensión de credenciales de los alcaldes”, señala el fallo N.° 69-2015-VII.
Sin embargo, el TSE niega que le corresponda esa función. Según el letrado Juan Luis Rivera, la Contraloría tiene las herramientas para ejecutar las penas.
“El TSE no ejerce una potestad plena sobre ellos; es decir, no le toca disciplinar todas sus faltas, sino que la competencia otorgada es solo para cancelar sus credenciales, por lo que sanciones distintas a la cancelación no es la sede electoral donde se aplican (…). Lo procedente es que la Contraloría ejecute esa sanción, en el entendido que la CGR tiene competencias para adoptar ese tipo de sanciones y hacer que se ejecuten”, declaró Rivera.
Además, le restó peso a la resolución del Contencioso al aducir que, en materia electoral, el máximo órgano es el TSE y por consiguiente, ningún otro tribunal le puede pasar por encima.
“El Tribunal Contencioso se está metiendo en materia electoral y el TSE es el que define que no le toca aplicar una sanción como la que ellos indican (...). Al TSE es al que le corresponde interpretar la materia electoral”, agregó.
Pero a Acosta no le satisface esa respuesta del tribunal electoral y por ello, el viernes pasado presentó ocho denuncias ante el Contencioso-Administrativo.
“Pedimos la nulidad absoluta de las resoluciones del TSE y que se abstenga en el futuro de hacerlas (...). La pretensión subsidiaria es que al menos sean los concejos municipales”, dijo Acosta.
Siete en vilo. Añadió que esta situación promueve la impunidad y no abona a la transparencia en la función pública.
Acosta cuestionó que se presente la pugna legal en las vísperas de las elecciones municipales de febrero del próximo año.
“Esto es una burla. Todo un desgaste para nada si no se pueden ejecutar las sanciones. Hay personas que están para reelegirse y el ciudadano no sabe que fue sancionado, por falta de ejecución, y la gente entonces va a ciegas a votar. Eso no es transparente”, sentenció la jerarca.
A la fecha, según fallos del ente contralor, siete alcaldes deberían descontar una suspensión sin goce de salario, de entre ocho y 30 días, y de ellos, cinco buscarán su reelección hasta el 2020.
Se trata de Néstor Mattis, de Limón; Leonardo Quesada, de León Cortés; Gerardo Oviedo, de Santa Ana; Jairo Guzmán, de San Mateo, y Bernal Vargas, de Palmares.
Por ejemplo, a Mattis se le achaca haber comprado un tiquete aéreo a China en primera clase y no en económica, mientras que a Oviedo se le culpa de una contratación de personal, sin concurso previo.
También fueron suspendidos, pero no buscan la reelección, Querima Bermúdez, de Atenas, y Luis Antonio Barrantes, de Valverde Vega. Además está en el limbo una sanción contra nueve regidores de San Mateo, Guatuso, Nicoya y Cartago, y una vicealcaldesa de Osa.
Calvario legal. Este no es el primer obstáculo que enfrenta la CGR para poder sancionar las anomalías que cometen los funcionarios públicos. Primero, tuvo que esquivar dos acciones de inconstitucionalidad que cuestionaban los artículos que le dan esa potestad tanto en su ley orgánica, como en la Ley de Control Interno.
Fue hasta febrero pasado, cuando la Sala IV le dio el visto bueno para emitir castigos .
Una de esas acciones la presentó el exalcalde de San José y actual candidato, Johnny Araya, luego de que la Contraloría recomendara suspenderlo durante 15 días , en el 2010, por autorizar presuntos sobrepagos a la firma que ordenó el catastro del cantón.