Álvaro Ariel Morales Salazar, el hombre que amenazó de muerte a los diputados Ariel Robles y Francisco Nicolás, del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN), ofreció este martes una disculpa pública por sus acciones, con el fin de evitar un juicio por el delito de amenaza a funcionario público. “Sigo sosteniendo posiciones distintas, pero entiendo que la violencia no es el camino”, dijo.
Morales y los diputados acordaron la disculpa esta mañana, previo al inicio del debate en el Tribunal Penal de San José. También, respaldó el acuerdo la exjefa de seguridad de la Asamblea Legislativa, Magaly Camacho.
El hombre expresó a los ofendidos su arrepentimiento por la forma en que decidió “comunicar su descontento” el 3 de julio del 2023, cuando ingresó a la barra del público del plenario de la Asamblea Legislativa a golpear los vidrios y amenazar de muerte a los dos legisladores. En su declaración, calificó los hechos de irrespetuosos.
Además de la disculpa pública, Morales se comprometió a cumplir con otros tres compromisos en un año. Uno es asistir a los cursos del programa “Encontrando mi identidad”, de la fundación Programa Varonil para la Familia.
Otro tiene que ver con la firma de una “Proclama por la discusión pacífica de los asuntos públicos”, en la que se declara que “la paz es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros”.
Finalmente, Morales prometió no acercarse a la Asamblea Legislativa ni a las viviendas de los ofendidos, mientras dure el acuerdo.
Si bien el inicio del juicio estaba convocado para las 8:30 a. m., en la sala 4 del Primer Circuito Judicial de San José, la sesión se retrasó una hora mientras las partes discutían los distintos aspectos de la conciliación.
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Disculpa pública
El acusado también ofreció disculpas por haberse ausentado al juicio el 15 de mayo, razón por la que fue declarado en rebeldía y capturado. Desde esa fecha, se encontraba en prisión preventiva. Con el acuerdo, fue puesto en libertad por la jueza Lorena Blanco Jiménez.
“Fue un olvido involuntario, pero en ningún momento quise hacerlos perder su tiempo”, argumentó.
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Asistencia a programa social
Agustín Gutiérrez Carro, abogado defensor de Morales, dijo que el curso al que tendrá que asistir su representado busca “que las personas tengan un acompañamiento para una mejor comprensión de sus emociones, y entiendan que, si bien en algún momento hubo una situación de descontrol, es importante conocer su origen y evitar ese tipo de conductas”.
Morales tendrá que asistir a dos sesiones mensuales, de acuerdo con el abogado defensor. Ante una consulta de la jueza Blanco, el hombre confirmó que contaba con los medios económicos para costear el programa, cuya tarifa no se dio a conocer.
Al finalizar el plazo, Morales tendrá que presentar un documento que demuestre que completó el programa de forma satisfactoria.
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Proclama para la discusión pacífica
La “Proclama por la discusión pacífica de los asuntos públicos” fue firmada por Álvaro Morales, Ariel Robles, Francisco Nicolás y Magaly Camacho.
El documento rechaza la violencia en la discusión política nacional e invita a todos los habitantes del país a resolver los conflictos de forma pacífica, respetuosa y por las vías institucionales.
La proclama indica que la confrontación de ideas, especialmente en asuntos de interés público, se puede realizar en el marco del respeto y sin temor a represalias de ningún tipo.
Igualmente, se destaca la decisión de optar por el camino de la paz, en seguimiento al espíritu democrático y pacífico que ha caracterizado a Costa Rica.
“La paz que permite también resolver aquellos conflictos que superaron los límites de lo razonable por un momento, pero que permite recomponer la armonía perturbada”, añade el documento.
Asimismo, la proclama resalta que la libertad de expresión y de prensa son indispensables para la vida democrática.
La jueza Blanco Jiménez explicó que, una vez transcurrido el plazo de un año del acuerdo y se compruebe el cumplimiento de los cuatro puntos, se dictará un sobreseimiento definitivo.
Esto significa, que Morales no tendría ningún antecedente penal. “Lo que se hace es una anotación, porque la persona solo puede llegar a un acuerdo conciliatorio cada cinco años”, explicó a este medio el abogado Agustín Gutiérrez.
