El Gobierno advirtió de que vetaría el proyecto de ley de rebaja al marchamo que los diputados dictaminaron positivamente en una comisión especial legislativa. El plan reduciría el impuesto a la propiedad de vehículos hasta en un 67%.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, calificó la propuesta de “irresponsable” porque disminuiría los ingresos del Estado en ¢118.000 millones anuales.
“Nosotros vamos a promover una discusión profunda con los diputados. Vamos a explicarles cuál es la situación, esperamos que entiendan. Si es necesario, no vamos a permitir que una posición irresponsable de alguno, dañe a todos”, expresó el jerarca de Hacienda durante una entrevista con el programa radiofónico Nuestra Voz.
Al consultársele puntualmente si el Gobierno vetaría la iniciativa, el ministro indicó que, “de ser necesario, lo vamos a hacer”, si no se le hacen modificaciones.
“Nosotros queremos aprobar un proyecto que le dé seguridad jurídica a los costarricenses, que permita un rebajo del marchamo hoy y todo el tiempo, que no dañe las finanzas públicas; el que se dictaminó no cumple con esos objetivos”.
Acosta también exige que la reducción sea mayor para los autos de menor valor “porque este es un impuesto a la riqueza”.
“La gente ha dicho que es un impuesto al ruedo; no, es un impuesto a la riqueza”, agregó.
El proyecto generaría un cambio en la metodología de cálculo que rebajaría el impuesto, al eliminar el costo por inflación y el impuesto de importación que actualmente utiliza el Ministerio de Hacienda para establecer el cálculo. Además, introduce descuentos para los vehículos más nuevos, con antigüedades de uno a seis años, con base en criterios de peso y emisiones contaminantes.
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Fracciones se oponen a veto
La posición del Gobierno no solo generó el rechazo de las fracciones que votaron afirmativamente la propuesta: Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).
La Unidad Social Cristiana (PUSC), que estuvo en contra del proyecto, también se manifestó en contra de la postura del Gobierno.
“La fracción Unidad nunca apoyaría un veto de un proyecto de ley discutido en esta Asamblea Legislativa y aprobado por mayoría.
“Creemos que se puede mejorar el proyecto. En ese sentido, estamos estudiando algunas mociones para mejorarlo, pero en ningún momento estaremos de acuerdo que se vete dicho proyecto”, señaló el líder socialcristiano, Alejandro Pacheco.
Por su parte, Óscar Izquierdo, líder de la bancada verdiblanca, dijo que “desde ya, Liberación Nacional defenderá este proyecto, honraremos nuestro compromiso con los costarricenses y estaremos listos para tramitar el resello en caso de que el Gobierno mantenga su posición de oídos sordos”.
El resello consiste en que la Asamblea rechaza el veto de un mandatario a un proyecto y lo convierte en ley. Para ello, se requiere de 38 votos.
La líder de los frenteamplistas, Sofía Guillén, indicó que esperaba “coherencia” de parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, “porque él prometió una reducción de precios y si hay un impuesto altamente regresivo y desproporcionado, es el marchamo”.
El diputado Jorge Dengo, del PLP, quien impulsó el texto que resultó aprobado el pasado 9 de agosto, indicó que hasta ahora no ha habido un acercamiento con el Gobierno para valorar modificaciones que permitan evitar el posible veto, pero seguirán impulsando la reforma.
“Yo espero que, durante la discusión, podamos conseguir los apoyos necesarios para poder garantizar el resello del proyecto que se termine aprobando, en caso de veto de parte del Poder Ejecutivo”, expresó el legislador.
Se consultó a Nueva República su posición respecto al veto, ya que votaron en contra del proyecto, junto al oficialista Progreso Social Democrático (PPSD); sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo una declaración.
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Historia se repite
Una situación similar se presentó en la pasada administración, cuando el presidente Carlos Alvarado vetó el proyecto de ley que pretendía rebajar el costo del marchamo 2022 a los propietarios de los vehículos valorados en menos de ¢15 millones.
De haber firmado la rebaja, el Gobierno habría tenido que enfrentar un hueco de ¢30.000 millones en las finanzas públicas.
En aquella ocasión, el veto coincidió con el inicio del periodo de sesiones extraordinarias (del 1 de noviembre al 31 de enero), en el cual el Gobierno define la agenda de proyectos que discuten los diputados, por lo que el Congreso quedó imposibilitado de someterlo nuevamente a votación, ya que no se convocó el expediente.
El Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que, una vez recibido el veto, la Presidencia del Congreso deberá comunicarlo al plenario legislativo.
A partir de ese momento, la iniciativa será devuelta a la comisión que conoció en primera instancia el proyecto. Los integrantes de ese foro deberán rendir un informe al plenario, en un plazo no superior a un mes, mediante el cual se recomiende o descarte el resello.
Si el informe recomienda el resello, este será sometido a votación en una única sesión. No obstante, debe contar con la aprobación de 38 legisladores.