El gobierno de Luis Guillermo Solís llegó esta tarde a la Asamblea Legislativa a desacreditar el proyecto de empleo público que él mismo convocó a discusión legislativa. Se trata del plan que les pondría límite a los beneficios salariales que se pagan en el Estado.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, les dijo a los diputados que la iniciativa de la liberacionista Sandra Piszk aumentaría el gasto público en el Gobierno Central, en lugar de contenerlo.
En el caso de las anualidades, el plus de mayor peso, el ministro alegó que el proyecto subiría el costo del beneficio al introducir un nuevo mecanismo de evaluación de los funcionarios.
¿Qué propone el proyecto de ley de empleo público para 8 pluses salariales?
Actualmente, las anualidades por antigüedad se le pagan a los funcionarios calificados como buenos, muy buenos y excelentes.
El texto de Piszk propone pagar el plus solo a los empleados muy buenos y excelentes y que este dependa de la calificación: entre 1,94% y 2,56% anual sobre el salario para excelentes y entre 1,45% y 1,92% para muy buenos. Actualmente, algunas instituciones como la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico (TEC) pagan hasta el 5,5% y el 6%.
Sin embargo, según el titular de Presidencia, ese cambio daría pie para que se empiece a calificar a prácticamente todos los funcionarios como excelentes, y eso les subiría el pago a empleados que hoy no llegan a eso. Criticó, además, que el proyecto no introduce criterios para calificar a los empleados públicos.
Contralora: plan de empleo público tendría un efecto insignificante sobre el déficit fiscal
No obstante, hoy más del 99% de los funcionarios reciben las anualidades aunque el propio viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, admitió que solo el 25% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo se cumplen.
"Es una intención loable, hemos dicho que es un ejercicio y una discusión necesaria, nos parece adecuada", continuó el ministro Alfaro sobre el proyecto de empleo público. "La pregunta es si esto es crítico para la situación fiscal del país. No, no lo es. Para la situación que enfrenta el Estado, no tiene un impacto significativo", insistió.
Añadió que, para el gobierno, sería más importante la aplicación de un régimen de salario único. No obstante, no anunció ninguna propuesta en ese sentido.
Es más, Alfaro dejó ver que como gobierno se limitarán a exponer su "opinión y puntos de vista".
"E n este momento no hay una propuesta alternativa a esta, es la que está en discusión y está planteada ante el órgano que puede tomar esa discusión, que es la Asamblea Legislativa", apuntó el ministro de la Presidencia.
Es más, tanto durante la audiencia como a través de un comunicado de prensa, Alfaro adujo que convocaron el proyecto a sesiones extraordinarias del Congreso "para motivar la discusión del resto de la agenda fiscal", que incluye las iniciativas de regla fiscal y la modificación de las tasas de los impuestos de ventas (que se transformaría en cobro al valor agregado) y el de renta.
"El Gobierno lo convoca como requisito establecido por algunas fracciones legislativas para entrar a discutir el resto de la agenda fiscal. El Ejecutivo seguirá insistiendo en la necesidad de la aprobación de los proyectos de ingreso tributario, la convocatoria del proyecto de empleo público es prueba de este compromiso con la agenda fiscal", aseguró el ministro Alfaro.
Sí habría ahorro en instituciones, pero este no llegaría al Gobierno...
En tanto, el viceministro de Hacienda admitió que, en el caso de las instituciones descentralizadas, el proyecto sí generaría un ahorro. No obstante, argumentó que el ajuste provocaría una reasignación interna del gasto, que no beneficiaría al endeudado presupuesto del Gobierno central.
Sostuvo que el dinero economizado en salarios se gastaría en otros rubros, que no especificó.
Sin embargo, admitió que si en el futuro una institución enfrenta problemas, tendría mayor margen para enfrentarlas y no tendría que recurrir a transferencias del Gobierno central.
En cuanto al impacto de las reformas a varios de los pluses reformados, Pacheco explicó cómo se daría ese incremento en el gasto.
En cuanto a disponibilidad, aseguró que habría un incremento en el gasto de ¢100 millones, ligado directamente al aumento del porcentaje que se paga por esa remuneración respecto a la tasa que se aplica hoy en día. El plan de empleo público fija el tope por ese rubro en un 35%; actualmente, todo el sector público tiene variaciones del pago que van del 5% al 50%.
Pacheco pintó un panorama más grave aún si el proyecto incluyera a docentes y policías. En ese caso, dice, el gasto se incrementaría en ¢9.000 millones.
En cuanto al incremento del gasto que el Gobierno augura si se modifican los porcentajes de asignación de las anualidades, el viceministro explicó que se debe a que en el Gobierno central el porcentaje máximo que se paga es de un 1,94% para funcionarios calificados como "excelentes".
" Entonces, se abren dos categorías: si se tiene un grupo que sea excelente, a todo ese grupo se le van a comenzar a pagar más anualidades. Al grupo que sea muy bueno, se le va a pagar un poco menos", dijo Pacheco.
El viceministro de Hacienda acotó que para el caso de las instituciones, se da un panorama muy diferente, porque en la mayoría el techo de la anualidad más bien bajaría y, ahí sí, se vería un ahorro, que no cuantificaron.
El martes, la contralora general Marta Acosta estimó que el proyecto generaría un ahorro de 1% del producto interno bruto (PIB) en las instituciones, unos ¢270.000 millones; y menos de un 0,05% del PIB en el Gobierno central: unos ¢13.000 millones, pues el plan más bien equipara los beneficios de las instituciones con las de los ministerios, donde son más bajos.
Sandra Piszk recalcó que la intención del proyecto es recuperar el espíritu del constituyente de que el régimen de empleo público sea uno. Contrario a lo dicho por el gobierno, la liberacionista recalcó que el proyecto causaría un ahorro de ¢300.000 millones al año al ordenar el régimen de empleo público y poner tope a los pluses que se pagan en las instituciones autónomas.
Sandra Piszk agregó que debe quedar claro que el proyecto no pretende resolver el déficit fiscal y que hay una relación directa entre el plan y una mayor eficiencia en el sector público.
En tanto, la frenteamplista Patricia Mora celebró las comparecencias en la Comisión de Asuntos Sociales. Afirmó que el Frente Amplio no ahondará más en el impacto del proyecto en el ahorro por considerarlo "insignificante". Por el contrario, afirmó que tiene por probado que el plan afecta convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia sindical.