Gobierno pide 3 ‘elevados’ aumentos de impuestos para financiar Minae

• Subiría de ¢500 a un monto de ¢23.110 el aporte por traspaso o inscripción de vehículos en el Registro Nacional. El tributo equivaldría a un 5% del salario base.
• Pasaría de ¢5.000 anuales a ¢46.220 la contribución que pagan cada año los negocios donde se vende y consume licor (10% del salario base). Este costo recae sobre bares, restaurantes, clubes sociales, salones de baile y hoteles.
• Aumentaría de ¢250 a ¢4.622 el aporte que pagan los usuarios por cada solicitud de pasaporte o salvoconducto ante la Dirección General de Migración y Extranjería (1% del salario base).

Dichos montos tienen por objetivo financiar el sistema de Áreas Silvestres Protegidas y el Patrimonio Natural del Estado, bajo la rectoría del Minae.

El proyecto sustituiría los timbres actuales por aportes solidarios que corresponderían a porcentajes del salario base del Poder Judicial.

Pese al cambio de redacción, los pagos en realidad corresponden a impuestos, aclaró Acosta ante la Comisión Legislativa Especial de Modernización y Reforma del Estado.

“Es decir, es una contribución económica que se origina en algún acto o condición de las personas, por lo que se advierte que la denominación de aporte solidario no quita la naturaleza impositiva”, señaló la contralora.

Además, indicó que, al pasarse de montos fijos a porcentajes del salario base, se observan incrementos elevados.

El incremento sería de un 4.520% en el caso de los traspasos de vehículos, de un 1.750% en los pasaportes y de un 824% en el caso de los negocios que venden licores.

“Son incrementos que resultan elevados si se comparan, por ejemplo, con el aumento en el IPC (Índices de Precios del Consumidor)”, criticó Acosta.

La jerarca explicó que, desde la implementación de estos cobros en 1998, mediante la Ley de Biodiversidad, el IPC ha crecido un 387%. Este es un porcentaje muy inferior a los incrementos que plantea la iniciativa.

El tributo del 2% sobre los ingresos por impuesto de patente municipales de cualquier clase contemplados en la misma ley quedarían intactos en el proyecto, mientras que se eliminaría el timbre de ¢500 por las autentificaciones de firmas que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sobre reestructuración del Minae

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En cuanto a la reestructuración del Minae, la contralora indicó que el proyecto que elimina las juntas directivas de ocho de los 11 órganos desconcentrados “es un buen primer paso”, en el sentido de mejorar la dirección estratégica del ente rector de los recursos naturales.

Las decisiones técnicas, aclaró, seguirán siendo tomadas por los entes del Ministerio. De los ocho órganos que reestructura el plan, tres tendrían un nivel de desconcentración mínima, en vez de la desconcentración máxima o instrumental de la que hoy gozan. Estos son:

- Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

- Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

- Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio).

Una desconcentración mínima permite que el jerarca pueda girar órdenes, instrucciones o circulares a estas dependencias. La desconcentración máxima o instrumental, no, explicó la CGR.

- A los parque nacionales Manuel Antonio, Isla San Lucas y Marino Ballenas se les eliminaría el nivel de desconcentración máxima con personería jurídica propia y las juntas directivas, para ser administrados por el Minae.

- Del mismo modo, el proyecto eliminaría la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón y trasladaría sus funciones al Minae.

El proyecto no toca al Parque Marino del Pacífico, el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) ejecutado por el Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo) ni el Tribunal Ambiental Administrativo.

Algunas de las recomendaciones de la CGR sobre la reforma a Setena, un organismo al que ha señalado de ineficiente e ineficaz, es que mantenga el principio de doble instancia en los recursos de apelación. En concreto, Acosta recomienda que recaiga en el ministro la tarea de resolver en alzada los recursos de apelación contra las resoluciones de Setena, en vez de un secretario como lo plantea le texto.

Además, a la CGR le preocupa la ampliación de las competencias sobre la biodiversidad que tendría el Sinac con el proyecto. “Es ambicioso y preocupa las capacidades de gestión”, señaló Acosta.

Con el plan, el Sinac pasaría de tener competencia sobre 50.000 metros cuadrados de biodiversidad a unos 500.000 metros cuadrados tanto en territorio continental como en el mar territorial y en la zona económicamente exclusiva, indicó la contralora.