El Poder Ejecutivo inició con la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) un proceso de acercamiento con la Asamblea Legislativa en procura de obtener respaldo suficiente para aprobar los proyectos de ajuste fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Jerarcas del Gobierno expusieron, este lunes, los alcances del acuerdo logrado con ese organismo, la semana anterior, que permitiría al país obtener un crédito de $1.750 millones a cambio de un programa de tres años que equilibre las finanzas públicas.
Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, les explicó a los verdiblancos que el plan negociado daría un rendimiento equivalente al 3,41% del producto interno bruto (PIB) entre ingresos y recorte al gasto, al 2023.
Villegas también les manifestó la necesidad de bajar la deuda pública al 50% del PIB en el 2035.
Por su parte, los diputados liberacionistas aprovecharon el encuentro para exponer sus dudas sobre lo negociado con el FMI, su impacto en el PIB, las medidas que lo integran y el rendimiento de cada una de ellas.
Asimismo, tienen dudas sobre los plazos pactados para aprobar los proyectos, el contenido de las iniciativas y hubo reclamos sobre la falta de claridad del Ejecutivo con la información de los temas.
A pesar de que los contactos con las fracciones recién empiezan, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, consideró posible que durante los próximos cinco meses se puedan aprobar los proyectos conforme se convino con el Fondo.
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“Yo creo que sí es posible. No solo creo que los procedimientos legislativos nos dan las condiciones para poder lograrlo, sino que también creo que podemos construir de forma conjunta las condiciones de viabilidad política para que eso se pueda concretar en un periodo concreto”, aseveró.
Además de Dinarte y Villegas, al encuentro con los diputados del PLN también asistió el director general de Tributación, Carlos Vargas.
Una vez concluida la cita, el titular de Hacienda confirmó que este sería un primer acercamiento para abrir una puerta a doble vía en la que diputados y el Poder Ejecutivo mostraron anuencia en avanzar en la discusión.
“Yo no pretendería que en una primera reunión lleguemos a un acuerdo. No estamos agotando esta etapa, hoy estamos abriéndola”, agregó el ministro.
La meta del conjunto de medidas acordadas con el FMI es que el país logre un superávit primario equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) en el año 2023, y que la deuda baje al 50% de la producción en el 2035.
Manuela Goretti, jefa de la misión del Fondo para Costa Rica, anunció la necesidad de que los diputados hayan aprobado los proyectos relacionados al plan en los próximos cinco meses.
Silvia Hernández, diputada liberacionista, mencionó que desde el anuncio del Gobierno, el año anterior, de su voluntad de acudir al FMI, su bancada ha insistido en negociar un ajuste que sea sostenible.
En particular, continuó, a ella le preocupa el tiempo y el proceso que se pueda desarrollar para ratificar el acuerdo en el plazo de cinco meses.
Recordó que el Directorio del organismo deberá refrendar el acuerdo suscrito por la administración Alvarado con el equipo técnico del organismo y que, en forma paralela, el Gobiero tendrá que realizar una negociación política y a lo interno del país.
“Qué pasa si, en medio de esta negociación con el Directorio, por ejemplo, se demora muchísimo o no se aprueban algunas de esas medidas. Lo otro es que hay una apuesta en el ajuste a un conjunto de medidas pequeñas y yo diría, inclusive, de dudosa efectividad”, señaló la legisladora.
Hernández dijo tener dudas sobre los alcances de algunos proyectos incluidos en el acuerdo como, por ejemplo, el que pretende que 14 empresas estatales aporten hasta el 30% de sus ganancias netas para el pago de la deuda pública.
“Yo no tengo idea de cómo el AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) va a trasladar excedentes cuando señala que está quebrado y más bien está cobrando de más en los recibos”, cuestionó.
Lo mismo preguntó sobre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que en 2018 presentó números rojos en su contabilidad, y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que tiene problemas financieros.
“Yo soy una creyente de que las empresas del Estado, si tienen excedentes y utilidades es para aportarlas de forma general a sus accionistas que son los costarricenses y la mejor forma de hacerlo es que esos recursos vayan a la Caja Única del Estado y se puedan distribuir en programas sociales.
“Pero primero veamos esos números de cuánto va aportar el AyA, cuánto Recope, el ICE, Japdeva, para realmente ver que muchas de estas medidas pequeñas no sean de dudosa efectividad”, agregó.
La liberacionista también planteó inquietudes sobre si el plan para ajustar el impuesto sobre las casas de lujo dará el rendimiento esperado, o si el impuesto propuesto del 25% a los premios de la lotería deberá aplicarse a partir de los ¢225.000, como está planteado.
“Hay una serie de elementos que no me parece que estamos criticando, sino que se pueda tener información para que se avance rápidamente”, manifestó Hernández.
Al respecto, el ministro Villegas respondió que, de parte del Gobierno, el diálogo de este lunes con la bancada liberacionista implica una apertura para llevar adelante ajustes a las iniciativas incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario.
Se trata del proyecto de reforma al empleo público que podría generar ahorros de hasta un 1,1% anual del PIB en todo el Estado, el de renta global que gravaría a los contribuyentes con ingresos anuales de ¢8,2 millones en adelante y el ajuste al impuesto a las casas de lujo.
Este último sería un tributo anual del 0,5%, sobre el valor a todas las casas valoradas en más de ¢150 millones, según el plan corregido por el Ministerio de Hacienda.
Otras iniciativas son el impuesto a los premios de lotería, un paquete de reducción y eliminación de exoneraciones del pago de renta como el salario escolar, y también está la iniciativa que prevé el aporte de las empresas estatales.
“Tenemos la apertura para conversar, escuchar y sugerir incluso desde el punto de vista técnico, algunos cambios que puedan permitir que más diputados se unan en distintas votaciones que necesitamos para salir adelante con todos los proyectos elacionados con el acuerdo”, expuso Villegas.
Este lunes, los jerarcas del Gobierno también se reunieron con la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La idea, aseveró Dinarte, es continuar con esos acercamientos, la próxima semana, con las fracciones de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Restauración Nacional (PRN), así como con los partidos minoritarios y con legisladores independientes, de ser posible.
“Lo que corresponde, como en todas las iniciativas, es darle su curso y hacer el análisis técnico. Por eso, nos ponemos a disposición para poder aportar los elementos que las fracciones requieran y trabajar con ellos de la mano”, finalizó la ministra de la Presidencia.