La contralora general de la República, Marta Acosta, señaló que el Presupuesto Nacional del 2022, presentado por el Gobierno, incumple con el tope de crecimiento establecido por la regla fiscal para el gasto corriente.
Acosta explicó que el plan de gastos crece un 1,79% a nivel global, con lo que no sobrepasa el techo de un 1,96% fijado por la regla fiscal. Sin embargo, existe un claro desbalance en cuanto al comportamiento del gasto corriente frente a la inversión de capital, lo que incluye obras públicas y equipamiento.
El gasto en salarios, transferencias y servicios aumentaría en un 2,23%, porcentaje equivalente a ¢179.000 millones; al tiempo que el gasto de capital se reduce en un -4,86%, lo que implica una disminución de ¢25.600 millones.
Del 2021 al 2022, el gasto corriente pasará de ¢8,03 billones del 2021 a los ¢8,2 billones; mientras que la inversión de capital bajaría de ¢527.000 millones a 501.400 millones.
La jerarca de la Contraloría compareció esta noche ante la comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, donde se discute el plan de gastos de ¢11,5 billones, el cual es financiado en un 53% con ingresos corrientes (¢6,1 billones) y en un 47% con endeudamiento (¢5,4 billones).
Acosta les dijo a los diputado que la lógica de la regla fiscal era fijar límites de crecimiento pensando en el gasto corriente. “Toda la lógica es restringir, contener el gasto corriente para no estrujar gasto capital. Para nosotros ese crecimiento del 2,23% no debería de ser, porque eso resta credibilidad en la forma en que estamos aplicando la regla fiscal”, señaló.
En todo caso, aseguró Acosta, si el límite del crecimiento global es del 1,96%, ese mismo porcentaje debe aplicarse por igual para el gasto corriente y el de capital, según el escenario actual en el que la deuda sobre pasa el 60% del PIB.
La contralora también se basó en el oficio DM-0238-2021 enviado el 23 de marzo por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, al presidente Carlos Alvarado y a las instituciones dentro del presupuesto.
En ese documento, Villegas comunica que el crecimiento del gasto total del 2022, tanto a nivel del Gobierno como de instituciones del sector público no financiero, “no podrá sobrepasar el 1,96%”.
La presidenta del foro de Haciendarios, Ana Lucía Delgado, le preguntó a la contralora general si considera que la regla fiscal está siendo mal aplicada. La contralora le respondió: “Consideramos que sí”.
La jerarca sugirió que la comisión ajuste el gasto corriente. “Entendemos que esa diferencia son ¢21.565 millones. Así nosotros, como país, estaríamos garantizando esa credibilidad y esa correcta aplicación de la regla. Daríamos un paso en el sentido de que por lo menos el gasto de capital se estruje poco menos”, señaló la jerarca de la CGR.
Sobre esa propuesta, la presidenta de Hacendarios respondió que el problema de los legisladores es que desconocen las prioridades del Gobierno. “Lo ideal sería que la propuesta venga del Gobierno para no afectar sus prioridades. No tenemos comunicación con jerarcas; es Hacienda de conformidad con sus propios lineamientos que debe disponer de esto”, apuntó Delgado.
Ministro de Hacienda señala peso de intereses
El ministro de Hacienda expuso una visión distinta a la presentada por la contralora.
“Estamos en el caso del Gobierno Central; en primer lugar, usted tiene que incorporar todo el efecto de los intereses y, si hay una situación con la que estamos trabajando y que todos somos conscientes, es que el país está pagando un monto muy alto en intereses.
“Entonces, estamos hablando de que esa masa de intereses no se puede dejar sin cubrir; no podríamos pensar en ningún momento en que vamos a recortar el gasto corriente de forma tal que quede sin pagar una parte los intereses; eso hay que cubrirlo como un gasto originario.
“Luego, sigue toda la parte de los salarios y bueno todo lo que es el gasto corriente normal, pero cuando nos vamos a la parte de gasto capital, usted tiene que tomar en consideración que, en el presupuesto central, tenemos instituciones que están muy concentradas en la parte de gasto corriente y tenemos al menos una que está muy concentrada en el gasto capital.
“Esto genera una diferencia porque, a la hora de consolidar, se necesita tener presentes todas esas variables y, entonces, lo que se hace es acogerse a lo que está establecido directamente en la ley. Lo que señala la contralora es una interpretación que parte o que sale desde la Autoridad Presupuestaria en el ministerio Hacienda y que tiene como finalidad contener el gasto corriente en aquellas instituciones que tienen un presupuesto unitario”, afirmó Elian Villegas.
Laura Guido, diputada de la bancada de Acción Ciudadana (PAC), reaccionó molesta por los señalamientos de la Contraloría: “Es mi entender que esto pasa por la práctica del Ministerio de Hacienda de establecer lineamientos generales, pero después tiene que balancear en aras de cumplir la regla en términos globales”.
“Me parece que esto está en el ánimo de las interpretaciones y no en el apego de la literalidad de la norma. Eso nos podría llevar a confusiones. ¿Hay un incumplimiento de la regla fiscal? Porque aquí siempre hemos hablado de una regla fiscal que se aplica sobre la globalidad del presupuesto”, cuestionó Guido.
Acosta respondió: “Para no confundir, una cosa es que en la regla fiscal el porcentaje definido se aplique a nivel agregado y que a unas instituciones como a la Contraloría se le aplique el -1,09% y a otras se les dé más del 1,96%; y otra es que cuando se aplique el 1,96% para una institución, se aplique el mismo porcentaje para gasto de capital y para gasto corriente. A esa parte segunda es la que yo me refiero.
“Aquí el tema es que cuando el señor ministro define el tope para el cual tiene toda la potestad de hacerlo; nos dice que es igual para gasto corriente que de capital, lo cual es conteste con la lógica de la regla fiscal que busca limitar el crecimiento del corriente para no estrujar del capital. Ahora entramos en el escenario de que entra con el mismo nivel de limitación el corriente que del capital”.