El presidente Luis Guillermo Solís no está obligado a tomar una decisión sobre el veto al Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral antes del sábado, fecha en la cual se vence el plazo cuatrienal a esa iniciativa en el Congreso, ya que la sola existencia de una moción para extender el periodo de vigencia, impide que el plan se archive.
La moción fue presentada por la jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Emilia Molina, el 4 de diciembre, a las 3:40 p. m., y solicita la extensión del plazo cuatrienal del expediente 15.990 (Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral).
La práctica de solicitar la prórroga antes de su vencimiento es usual en la Asamblea Legislativa, en donde a la fecha hay 429 proyectos de ley con plazo vencido, pero con mociones pendientes de ser votadas, que si se aprueban, les da nueva vida en la corriente parlamentaria.
Tanto es así que el propio mandatario Solís levantó el veto al proyecto que entregó la calle 13 bis de San José a un grupo de artesanos, aun cuando su periodo cuatrienal estaba vencido y los diputados no habían aprobado su nuevo plazo.
Además, los legisladores han recuperado iniciativas que estaban vencidas a través de este tipo de mociones, como la gran reforma del 2009 al Código Electoral, la iniciativa de Ley contra la Violencia Doméstica e, incluso, la reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo.
En el criterio de que la moción presentada mantiene con vida los proyectos de ley coinciden, Edel Reales, quien asesoró por cuatro años al expresidente legislativo Francisco Antonio Pacheco, la subdirectora del Departamento de Servicios Técnicos, Natasha Morales, y la directora a. í . de la División Legislativa, Gloria Valerín, tal como lo establece el artículo 119 del Reglamento legislativo.
Esa norma exige presentar una moción antes de que se venza el plazo cuatrienal a los proyectos, si hay interés en que los textos continúen con vida.
La única duda de Valerín es que la moción no cobije, por igual, las decisiones legislativas y las del presidente de la República, quien se apura para levantar el veto que pesa sobre el plan.
Por su parte, Reales cree que la extensión del plazo aplica también para cualquier decisión que se vaya a tomar sobre la iniciativa procesal laboral.
De igual forma, los diputados Antonio Álvarez, de Liberación Nacional, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, concuerdan en que una moción de extensión de plazo cuatrienal evita el archivo de un proyecto y, por eso, critican los apuros que le puso el Frente Amplio al Poder Ejecutivo.
El jefe frenteamplista, Gerardo Vargas, aduce que no se puede correr el riesgo de levantar el veto después de vencido el plazo de los cuatro años, menos cuando la Sala Constitucional no se ha pronunciado sobre la validez del procedimiento de anulación.
El Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral fue presentado en agosto del 2005 y se aprobó el 13 de setiembre del 2012.
La iniciativa establece la oralidad en los juicios laborales, como mecanismo de agilización de los diferendos entre un patrono y sus trabajadores.
Además, la propuesta permite el llamado a huelga en servicios esenciales, como los que se prestan en hospitales y policía.
Este punto originó el veto de Laura Chinchilla, el 9 de octubre del 2012.
