El gobierno de Rodrigo Chaves confirmó que contactó a la empresa multinacional que, en diciembre del 2022, le quitó a la diputada del PUSC, Vanessa Castro, un contrato de servicios profesionales que tenía desde hacía 18 años.
“El Gobierno de la República únicamente preguntó si era cierto que una legisladora mantenía contratos remunerados con empresas privadas”, respondió Casa Presidencial cuando La Nación le consultó por qué el mandatario Rodrigo Chaves se involucró en la relación contractual de una diputada y qué conversó exactamente con el dueño de la empresa.
El viernes pasado, la legisladora de la Unidad Social Cristiana (PUSC) declaró que, en abril del 2023, el embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, le reveló lo sucedido.
El embajador le dijo que Chaves le ordenó contactarlo con el dueño de la multinacional para que ella perdiera el contrato de servicios legales, lo cual ocurrió en diciembre del 2022.
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Según argumentó Casa Presidencial, el gobierno preguntó por su “legítima preocupación” sobre el hecho de que la legisladora asesorara empresas privadas de comunicación, pero “no tuvo injerencia alguna en las decisiones que tomen empresas privadas sobre contrataciones de servicios profesionales, incluyendo este caso de la diputada”.
Los diputados no tienen prohibición para seguir ejerciendo sus profesiones.
En la información remitida a este medio, Casa Presidencial alegó sentir preocupación de que la legisladora se “beneficiara” de eventuales acuerdos legislativos en materia de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico y fijación de cánones de frecuencias estatales.
El Gobierno argumentó que Castro preside la Comisión de Asuntos Económicos y, erróneamente, le endilgó la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología. La diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) renunció a integrar el foro en el 2022. Dicha comisión es presidida, desde hace dos años, por José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN).
En la actualidad, la legisladora es una de las siete integrantes, sin tener algún cargo en particular.
Vanessa Castro: ‘Nada que ver’
Consultada al respecto, Vanessa Castro indicó que, en ninguna de las comisiones señaladas por el Gobierno, se ha visto algún proyecto relacionado con el espectro radioeléctrico, por lo que considera que no existe argumento alguno que justifique lo hecho en su contra.
“Yo hasta ahora formo parte de Ciencia y Tecnología y, hasta ahora, ni siquiera ocupo una posición en esa comisión. Formo parte de esa comisión desde mayo del año pasado; entonces nada que ver, absolutamente”, expresó.
Castro se inhibió de conocer proyecto
Casa Presidencial tampoco informó públicamente sobre sus preocupaciones en el 2022, ni señaló que se hubieran tomado medidas similares con los demás 56 parlamentarios de la Asamblea Legislativa o que hayan contactado a sus respectivos clientes de sus ejercicios profesionales.
Castro sí informó, el 29 de noviembre del 2022, mediante un comunicado de prensa, sobre su carrera como abogada especialista en el área de las telecomunicaciones y de un importante número de clientes en este sector, entre los cuales mencionó a Repretel.
En el documento, la socialcristiana también comunicó el envío de una carta al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, informándole que se inhibía de participar en la discusión del expediente 21.270, que pretendía prohibir a los diputados el ejercicio liberal remunerado de sus profesiones, mientras ocupan el cargo de elección popular.
El proyecto de ley se tramitó en la Comisión de Asuntos Jurídicos, antes de ser archivado por disposición del plenario en febrero del 2023.
Castro indicó a La Nación que envió la nota al presidente legislativo, porque amistades y personas de su círculo profesional le habían informado de que Rodrigo Chaves estaba haciendo consultas sobre su carrera profesional como abogada, la cual ejerce desde hace 25 años: “El presidente se interesaba mucho por averiguar y preguntar por los clientes míos, y eso me tenía bastante preocupada”.
Inicialmente, consideró válidas las dudas que pudiesen existir sobre posibles conflictos de interés entre su gestión como abogada y su quehacer como diputada.
Empero, en la primera semana de diciembre del 2022, fue citada a una reunión, en la que la empresa le notificó que no continuaría como abogada externa. “En ese momento, me enteré que era por la participación del presidente de la República; no había sido un tema aislado, sino que había mediado el presidente de la República”, afirmó.
Embajador de México no se disculpó
Según Castro, el embajador Abarca, quien también fue diputado por el PUSC, ni siquiera se disculpó por lo hecho. En lugar de ello, le argumentó que acató instrucciones del presidente de la República.
Luego de que se hicieran públicas la denuncias de Castro, tanto el Comité Ejecutivo del PUSC como su fracción legislativa condenaron las actuaciones contra la diputada y exigieron al Gobierno rendir cuentas por lo realizado.
Asimismo, recordaron que Abarca “no es militante activo del PUSC”, porque ejerce un cargo público.