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El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), llamó a dotar de mayor financiamiento a los cuerpos policiales con el fin de evitar que Costa Rica se convierta en un narcoestado.
Según el legislador, el país ya da señales preocupantes, como el hecho de que la Fuerza Pública sepa que existen territorios bajo control de mafias criminales. El legislador añadió que algunos sectores de la población, lamentablemente, confían más en las organizaciones delictivas que en las mismas autoridades judiciales.
“La solución es meterle plata en serio a la seguridad de este país, para que podamos verdaderamente luchar contra la instauración de un narcoestado, si no queremos que Costa Rica se nos salga de las manos”, indicó Campos el jueves, en el espacio de control político del plenario.
El parlamentario concluyó que, sin recursos, resultarán de muy poca utilidad los 10 proyectos de ley consensuados entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sobre seguridad ciudadana, que se han priorizado en el Congreso.
Igualmente, estimó que poco aportarían las restantes 29 iniciativas que hacen fila en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Campos abogó por la contratación de más policías, la adquisición de más tecnología, el desarrollo de mayor inteligencia policial y fortalecer la capacidad instalada que tienen los cuerpos policiales del país.
Asimismo, defendió la labor del Congreso en el trámite de reformas judiciales para afrontar el incremento de la delincuencia.
En su exposición, Campos alegó que el país ha superado varias etapas de las cinco que, según el autor David Jordan, debe recorrer una nación para finalmente convertirse en un narcoestado.
Etapas de un narcoestado
En primer lugar, señaló que el país ha superado el escalón en el que se dan sobornos a funcionarios de bajo nivel y existe un creciente apoyo cultural al consumo de las drogas.
Indicó que el segundo peldaño es que las actividades antidrogas se comienzan a retirar de las instituciones educativas.
Al respecto, señaló el caso del proyecto de Educación Preventiva contra el Consumo de Drogas (DARE, por sus siglas en inglés) que se dejó de implementar en el país, por considerarse que los resultados no eran efectivos y que además, su metodología se alejaba de la realidad costarricense.
La tercera condición es la existencia de sobornos masivos, intimidación y corrupción de funcionarios públicos, asesinatos de servidores que se niegan a participar en actos de corrupción, así como de policías y funcionarios judiciales.
“Ya han matado policías que estaban coludidos con el narco. En Limón, si mal no recuerdan, ya han habido amenazas a jueces y fiscales; por suerte no ha habido aún un asesinato de corte político, que tenga que ver con las estructuras criminales”, dijo el diputado Campos.
Sobre el cuarto nivel, relacionado con la corrupción de las fuerzas policiales y judiciales, el legislador del PLP aseveró que esto ya ocurre en el país y que las instituciones deben detectar tales actuaciones.
Finalmente, la quinta etapa consiste en una relación entre el Poder Judicial y el crimen organizado, cercanía entre funcionarios de la Presidencia con personas implicadas en estas actividades delictivas y complicidad por parte de la misma Presidencia de la República con el crimen.
En este último punto, Campos aclaró que no estaba levantando una acusación y que simplemente se estaba refiriendo a una categoría de análisis técnico, para determinar la existencia de un narcoestado.
Segundo llamado de atención
Esta no es la primera vez que un diputado advierte sobre el riesgo de que Costa Rica se pueda convertir en un narcoestado. El pasado 6 de febrero, Gloria Navas, vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, hizo un reclamo similar.
En esa ocasión, la parlamentaria expresó que el crecimiento en la ola de homicidios y el debilitamiento de algunos cuerpos policiales son el caldo de cultivo para que Costa Rica pueda convertirse en un narcoestado.
Las manifestaciones de Navas se produjeron en respaldo a las denuncias hechas por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), sobre un supuesto desmantelamiento de ese cuerpo de seguridad, falencias para desarrollar sus labores y una presunta desatención hacia estos funcionarios por parte del Poder Ejecutivo.
Un día después, las manifestaciones de Navas fueron criticadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves. El mandatario acusó a la legisladora de ser “una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada”.
