El 20 de febrero pasado, la Sala Tercera acogió una solicitud del Ministerio Público y desestimó una denuncia anónima por el supuesto delito de tráfico de influencias en torno a la reforma que aprobó el MEIC para permitir la importación de cemento de otros países y el otorgamiento de un préstamo en el BCR, a la empresa Sinocem Costa Rica, para traer esa materia prima desde China.
Los magistrados descartaron presuntas injerencias de los diputados Víctor Morales Zapata, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Otto Guevara, del Movimiento Libertario.
Sin embargo, ahora el fiscal general, Jorge Chavarría, asegura que el caso del cemento chino no está cerrado y que, por el contrario, "la investigación esta muy avanzada".
"Se solicitó la destimación en un grupo de hechos muy particulares, pero la desestimación en cualquier momento puede ser revertida, no produce cosa juzgada y, si de la investigación que estamos realizando en otras áreas que están abiertas nos dan para acusar a cualquier persona, así lo haremos", dijo Chavarría.
Esas declaraciones las ofreció, el lunes anterior, en el programa Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda.
Según Chavarría, después de que la Sala III acogió la desestimación, han trascendido nuevos hechos que ameritan indagar si hubo alguna irregularidad en relación al préstamo de $20 millones que el Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó a la firma Sinocem, del empresario Juan Carlos Bolaños.
"En el momento que nosostros investigamos se decía que no había irregularidad (en el otorgamiento del crédito), pero ahora se está diciendo que sí la hubo. Ahora tenemos unas preguntas que queremos contestar", añadió Chavarría.
En específico, él mencionó que están investigando el hecho de que los $20 millones prestados fueron girados por el BCR a un único proveedor de cemento, llamado Sinobuilding Materials Hong Kong, en enero del 2016, por solicitud de Juan Carlos Bolaños y que esa firma, a su vez, devolvió a Sinocem Costa Rica, al menos $7,5 millones.
Según la asesoría legal del BCR, esos movimientos no encajan con el plan de inversión que se autorizó a la hora de autorizar esa línea crediticia a finales del 2015.
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Chavarría añadió que investigan otra denuncia sobre el mismo tema, pero en la que se afirma que, presuntamente, el Ministerio de Hacienda interpretó una normativa de manera que Sinocem pudo embodegar el cemento chino de una "manera atípica a como se manejan las mercancías en general en el muelle".
La Nación solicitó una entrevista con el fiscal Chavarría; no obstante, la misma no fue facilitada porque él tenía "una agenda de trabajo muy ajustada". En su lugar se envió la resolución 2017-00134 de la Sala Tercera.
LEA AQUÍ LA RESOLUCIÓN DE LA SALA TERCERA
¿Por qué se desestimó el caso en febrero del 2014?
Puntualmente, la Sala Tercera y la Fiscalía General desestimaron tres hechos en específico.
1. La supuesta interferencia ilegal de los legisladores Víctor Morales Zapata y Otto Guevara en la aprobación de la reforma a un reglamento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para permitir, en el país, la comercialización de cemento con más de 45 días de embodegado, con lo cual se facilitó la importación de ese bien desde China.
Sobre Guevara concluyeron: "Esta Sala de Casación Penal comparte el razonamiento arribado por la representación fiscal en cuanto a que el accionar vinculado al diputado Otto Guevara Güth consistió en una posición general ideológica, consistente en procurar una mayor apertura del mercado del cemento a nivel nacional, sin que tal accionar constituya de forma directa y unívoca un posible tráfico de influencias para una compañía en particular, sino que estamos en presencia de una posición abierta de pensamiento de apertura comercial, según su tesis ideológica".
En cuantro a Morales Zapata: "Las pesquisas llevadas a cabo por la representación fiscal no permiten vincular con el grado de probabilidad razonable la denuncia interpuesta y, para llegar a tal conclusión, el Ministerio público procedió con una serie de investigaciones que a lo sumo arrojaron como resultado un tráfico de llamadas entre los diputados Otto Guevara Güth y Víctor Morales Zapata, descartando cualquier contacto por este medio con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas, dueño de la empresa Sinocem S. A., por lo que resulta inviable acreditar, bajo grado de probabilidad, cualquier vinculación directa que medie entre la empresa Sinocem S. A. o su propietario Bolaños Rojas con el diputado Morales Zapata".
2. La forma cómo el entonces ministro de Economía, Welmer Ramos, con la venia del presidente Luis Guillermo Solís, reformó el reglamento en el MEIC sobre la comercialización de cemento.
Sobre este aspecto, los magistrados y la Fiscalía coincidieron en los siguiente: "Fue una decisión asumida por el gobierno ejecutivo, tras la finalización de un proceso consultivo, por lo que es claro que la decisión política de carácter ejecutiva se bajo un proceso abierto, donde se tomaron en consideración las distintas partes vinculadas con la comercialización del cemento a escala nacional (...). Fue un procedimiento ejecutivo abierto y publicitado, que bajo una decisión reglamentaria del Poder Ejecutivo se decantó por la modificación legal para la importación de cemento".
3. El otorgamiento del crédito de $20 millones otorgado a la firma Sinocem por parte del BCR y la reforma reglamentaria que permitió la utilización de una póliza de caución de una aseguradora privada como garantía para ese préstamo.
"Se llegó a la conclusion que no existió peligro a la establidad financiera con el otorgamiento de los créditos citados y que su tramitación fue regular. Así, el auditor interno del BCR indicó, según memorial con fecha del 18 de noviembre del 2016: 'Finalmente le informamos que de la revisión y seguimiento que se afectúa a este cliente, a la fecha no hemos detectado ni tenido conocimiento de algún aspecto o irregularidad que afectee de manera ilegal la estabilidad financiera del banco', desacreditando la Fiscalía el eventual riesgo a la estabilidad económica del del BCR denunciado".
La resolución de la Sala Tercera fue acogida por los magistrados Carlos Chinchilla, actual presidente de la Corte, Celso Gamboa, Jesús Ramírez, Doris Arias y Maria Elena Gómez.
Campaña orquestada de desinformación
En el mismo programa radial, Jorge Chavarría arremetió contra la forma cómo se ha manejado este tema. Alega que existe una campaña para desinformar a la ciudadanía.
"Es imposible investigar cuando a usted le albororan todo el ambiente, todo el panal. En esto, uno no sabe si es que quieren que haya una impunidad absoluta, donde todo el mundo mete mano y no me dejan actuar, y de esto son años ya, en muchos casos vengo enfrentado esta situación, o sea, hay una discusión política, que la mantengan en el ámbito político y si tienen informes que vengan a mi oficina y lo denuncien. Todo el mundo habla y nadie me busca a mí para decirme mí 'aquí está la información, estas son las fuentes a las que yo recurrí y por favor investigue'. Hay una irresponsabilidad absoluta".
"Por supuesto que esto está orquestado por intereses muy fuertes del país, pero yo creo que los costarricenses son inteligentes y no se dejan engañar. Hay un afán de desinformar al ciudadano".
"Yo lo que quiero distinguir es algo, hay una responsabilidad política, pero tiene que diferenciarse de lo que son las responsabilidades penales. Ya basta porque yo estoy cansado, estoy agotado de que estén metiendo al Ministerio Público, que me estén poniendo a mí como un corrupto porque hay gente que tiene la boca muy abierta para estar diciendo que yo soy un corrupto y que no estoy cumpliendo con mi deber. En el momento que yo tenga que proceder contra cualquier funcionario público, incluido el Presidente de la República, tenga plena seguridad el país que yo voy a proceder, pero no voy a meter a la cárcel y ensuciar el nombre de una persona que es inocente, para eso soy fiscal general, para aplicar la ley, para que no se imponga ningún interés particular sobre el interés de la ley y la constitución", expresó Jorge Chvarría.