EscucharLa Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José investiga a la directora del Banco de Costa Rica (BCR), Liana Noguera Ruiz, por un aparente delito de falsedad ideológica.
La causa se abrió el 25 de mayo del 2022 por una denuncia de la Auditoría Interna del Colegio de Abogados, organización donde ella trabajó como asesora de la presidencia hasta principios del año pasado y, previamente, como directora de la Fiscalía.
El caso se tramita bajo el expediente N.° 22-000107-1218-PE, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, ante una consulta de La Nación.
A su vez, el Colegio de Abogados confirmó la presentación de la denuncia contra Noguera Ruiz, quien es abogada y fue nombrada en la Junta Directiva del BCR por el gobierno de Rodrigo Chaves, el 10 de agosto del 2022.
No obstante, el colegio profesional no brindó detalle de los hechos denunciados. Su director legal, Arnoldo Segura, alegó que “lo cubre el secreto por disposición legal, según la privacidad de la investigación establecida en el artículo 295 del Código Procesal Penal”.
Solo detalló: “Efectivamente, el Colegio de Abogados, a través de su Auditoría Interna, presentó denuncia formal contra la licenciada Noguera Ruiz, sobre el informe y su contenido rendido por la Auditoría Interna.
“No se registra sanción administrativa alguna, porque la denuncia se presentó directamente a la Fiscalía, en virtud de que la persona no era para ese momento funcionaria del Colegio, por lo que, de conformidad con la legislación laboral vigente, el procedimiento administrativo ya resultaba improcedente para ese momento”.
El Código Penal, en su artículo 367, establece que se incurre en el delito de falsedad ideológica cuando una persona “insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
Y en el apartado 366 de esa misma legislación, se consigna que la sanción por incurrir en esa falta es una pena de prisión de uno a seis años.
¿Informó al Gobierno?
Este diario intentó obtener una reacción de Noguera Ruiz. Mediante la oficina de prensa del BCR, se le remitió un correo con preguntas la tarde del jueves 27 de abril, el cual no fue contestado al cierre de esta publicación.
Entre otras cosas, se le consultó si ella había informado de esa causa al presidente Chaves, al Consejo de Gobierno o a sus compañeros de Junta Directiva del BCR, pues la causa se abrió dos meses y medio antes de su designación en la directiva de ese banco estatal.
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Segunda investigación en su contra
Esta no es la única investigación que Noguera Ruiz enfrenta. El pasado 31 de marzo, el Consejo de Gobierno acordó abrirle un órgano administrativo por ocupar una silla en la directiva del BCR al tiempo que ejercía como jueza de la República, pese a que la ley prohíbe a los directivos bancarios ocupar otros cargos en los supremos poderes de manera simultánea y remunerada.
Concluida esa investigación interna y de comprobarse la incompatibilidad, Noguera Ruiz, de 35 años, podría ser cesada del cargo.
El artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece que esa es la sanción por violentar el numeral 23, el cual estipula que el “cargo de miembro de una junta directiva es incompatible con los miembros y empleados de los supremos poderes, con excepción de quienes desempeñaren cargo temporal no remunerado”.
Siendo directora bancaria, Liana Noguera fue designada en seis ocasiones como jueza 3 sustituta en el Juzgado de Violencia Doméstica Turno Extraordinario de San José, entre el 20 de agosto y el 9 de diciembre del mismo año.
En total, durante ese periodo, trabajó en el Poder Judicial 20 días y devengó ¢1.384.500, según datos suministrados por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Además, la doble remuneración recibida por parte de Noguera Ruiz –el pago del BCR y del Poder Judicial– también podría entrar en posible conflicto con la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (8422).
El artículo 17 que establece que “ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente”.
La infracción a este artículo conlleva una posible responsabilidad administrativa y la eventual apertura de un procedimiento interno sancionatorio, de acuerdo con los numerales 38 inciso n, 39, 40 y 41 de esa legislación. La norma prevé una amonestación por escrito, una suspensión sin goce de la dieta correspondiente, o bien, la separación del cargo sin responsabilidad patronal.
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