El Ministerio Público confirmó que el despacho de la fiscala general, Emilia Navas, analiza dos denuncias relacionadas con el funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) de Casa Presidencial, luego de que un decreto del presidente Carlos Alvarado pretendió darle acceso a información confidencial de los habitantes en manos de las instituciones públicas.
“La Fiscalía General confirmó que ingresaron dos denuncias relacionadas con el tema que usted señala en su consulta. Ambas denuncias serán remitidas al despacho de la fiscala general, Emilia Navas, para su respectivo análisis y respectiva apertura de investigación”, respondió el Ministerio Público ante la consulta de La Nación.
Aunque el Ministerio Público no confirmó los denunciantes, la abogada Gloria Navas anunció en redes sociales que interpuso una denuncia contra el mandatario y el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, así como el ministro interino de Planificacion, Daniel Soto.
Gloria Navas, además, denunció a los funcionarios que participaron en la redacción del decreto, entre ellos Alejandro Madrigal, uno de los empleados de dicha unidad asesora del presidente.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que las denuncias son tramitadas y que todavía no configuran una causa abierta contra un funcionario en específico.
Tras trascender la publicación del decreto presidencial, el presidente Alvarado procedió a derogarlo, el pasado viernes, mientras que este domingo por la noche anunció la suspensión de la oficina que operaba con tres funcionarios en Zapote.
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Tanto el decreto como la creación de esta unidad es investigada por la Defensoría de los Habitantes, autoridad que se presentó este lunes a Casa Presidencial para recabar información sobre su funcionamiento. La defensora, Catalina Crespo, fue recibida por el presidente Alvarado, en ese recinto.
