Óscar Alfaro Zamora, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), pidió a los jueces del Tribunal Penal de San José su absolutoria en el juicio, en el que figura como acusado, por presunta donación ilegal de persona jurídica a su partido en la campaña del 2010.
“Realmente la tarea en ese momento electoral es sumamente fuerte. Pudo haber un descuido, pero estábamos en una jornada electoral”, declaró.
Alfaro, también empresario, declaró este miércoles en el juicio en el que también figura como acusado exdiputado del PLN, Antonio Calderón. En sus declaraciones negó haber violado la legislación electoral y dijo ser víctima de persecución política, por lo que pidió a los jueces que se le absuelva de los cargos que se le imputan.
El debate gira en torno a una aparente contribución en especie de una sociedad anónima propiedad de Alfaro al PLN, la cual es contraria a la prohibición establecida en el Código Electoral. La ley sanciona esta práctica con penas que oscilan entre los dos y cuatro años de cárcel.
El aporte fue el uso de un inmueble, inscrito a nombre de una persona jurídica denominada Chicharrín S.A. de la que es parte Alfaro, como club de Liberación en San José.
“Pido con mucho respeto que se me dicte una absolutoria si así ustedes lo valoran y lo consideran a mi favor”, pidió Alfaro a los jueces.
Al rechazar los cargos, el también extesorero del PLN, dijo que, durante la entrada en vigencia del actual Código Electoral, que contiene la sanción, ni la dirigencia del partido ni los candidatos a elección popular recibieron capacitación de parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para advertir sobre las nuevas normas.
“Casi puedo asegurar que los mismos funcionarios Tribunal Supremo de Elecciones ni siquiera conocían los alcances de esta designación. Tomen nota, ustedes, que hasta el año 2012 se modificó el reglamento de inscripción de los clubes políticos”, sostuvo Alfaro.
Si bien indicó que es abogado, nunca ha ejercido como tal por dedicarse a otras actividades particulares. “Tampoco me he dedicado a estudiar en detalle la legislación, la legislación electoral específicamente”, aseguró.
Alfaro declaró ante los jueces que, para el año 2009, estaba avocado a la campaña electoral, en la que recorrió distritos y barrios, no tanto para presentar su plan de gobierno, sino para escuchar a la gente.
Fue en ese momento electoral fuerte, según calificó, cuando pudo haber ocurrido un descuido. Sin embargo, esto no lo profundizó.
En su intervención, Alfaro criticó que el TSE haya demorado ocho meses en indagatorias que, desde su punto de vista, solo incluyeron la obtención de documentos públicos como una certificación del Registro de la Propiedad.
Luego, dijo, el Ministerio Público “hizo copy paste” de esa denuncia para presentar la acusación.
“Con una copia de página de la denuncia del Tribunal Supremo de Elecciones con puntos, comas y faltas de ortografía, la Fiscalía construye la acusación. No hay investigación de absolutamente de nada; incluso, me atrevo a decir que, ante este escenario, más que una investigación, más que una acusación objetiva bajo los parámetros de razonabilidad y de investigación que pudo darse, en su momento lo que se dio fue una persecución política orquestada”, aseguró.
Alfaro refutó la declaración de la testigo aportada por la Fiscalía, Erika Piedra, quien aseguró que el exdiputado Alfaro habría manifestado que donó el uso del inmueble para la campaña.
“Jamas pude haber usado un término donar tan técnico. ¿Desde cuando?, por eso quiero manifestar eso no es cierto, no es cierto”, sentenció.
De acuerdo con la tesis del MInisterio Püblico, Antonio Calderón, siendo secretario general de Liberación Nacional (PLN), inscribió un inmueble como club político, para la campaña del 2010, a solicitud de Óscar Alfaro. En aquel momento, ambos aspiraban a ser diputados.
El inmueble es una casa ubicada en las cercanías de la Asamblea Legislativa, en San José, que pertenece a la sociedad anónima Chicharrín S. A., cuyo socio, hasta el día de hoy, es Alfaro, según el Registro Nacional.
El bien se usó y se inscribió como casa club para actividades proselitistas liberacionistas, sin que mediara ningún pago. Por ello, la Fiscalía acusó a Alfaro de otorgar una donación al PLN a través de una sociedad, y a Calderón por recibirla.
