El proyecto de eurobonos ya está en el plenario legislativo y, este lunes 7 de noviembre se le quemará el primer día de mociones. Esto significa que se abrirá el primero de dos momentos para que los 57 diputados presenten propuestas de ajuste al texto dictaminado en la Comisión de Asuntos Económicos.
El proyecto plantea una autorización para que el Gobierno se endeude en el mercado internacional por $6.000 millones en cuatro años, en busca de tasas más bajas que las del mercado interno.
En criterio del Ministerio de Hacienda, el plan es fundamental para cumplir con tres objetivos:
–Pagar endeudamientos adquiridos por el país en el pasado que están cerca de vencer.
–No atizar aún más el costo de la deuda pública con tasas más altas.
–No presionar más las tasas de interés del crédito local ni el tipo de cambio.
Sin embargo, el panorama político exige al Poder Ejecutivo una gran dosis de negociación, sobre todo con diputados de Liberación Nacional (PLN) o del Frente Amplio, o bien con las dos agrupaciones, si quiere obtener la aprobación.
Ejecutivo aún no tiene 38 votos
Para empezar, por tratarse de un endeudamiento internacional, la Constitución Política exige que el proyecto sea aprobado con un mínimo de 38 votos. Antes de llegar al plenario, el Gobierno no tenía esa cantidad de votos.
El texto recibió un dictamen afirmativo en la Comisión de Económicos gracias a un bloque conformado por diputados del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y una diputada de Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado.
En plenario, suponiendo que se consoliden todos los votos de los mismos partidos y al menos una legisladora verdiblanca, el Gobierno solo obtendría 32 votos.
Todavía quedan disponibles 18 votos del PLN y seis del Frente Amplio, pero estas dos agrupaciones firmaron un dictamen conjunto en el que solo apoyan $3.000 millones en eurobonos divididos en dos años, la mitad de lo que el Gobierno solicita.
Las condiciones
Además, Liberación y Frente Amplio pusieron sus propias condiciones para el segundo desembolso de $1.500 millones, que el Gobierno tendría que cumplir al cabo del primer año.
Tal es el caso de metas específicas para un indicador llamado brecha de cumplimiento tributario en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto de renta.
La diputada liberacionista Montserrat Ruiz explicó que la brecha de cumplimiento es la diferencia entre lo que se podría haber recaudado vía legislación vigente versus lo que se está recaudando realmente. La metodología la define el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio de Hacienda la replica como metodología.
Liberación y Frente Amplio exigen, por ejemplo, una brecha de cumplimiento de casi el 50% para la renta de personas físicas y del 75% para personas jurídicas.
La brecha del impuesto de renta a personas jurídicas fue de un 55,4% en el 2018, de acuerdo con un informe del FMI.
Según Ruiz, lo que se mide es la aplicación correcta de los mecanismos de control tributario y aduanero, así como el combate al fraude fiscal.
Adicionalmente, estos partidos exigen la implementación completa del proyecto de Hacienda Digital, la colocación de escáneres no invasivos en las Aduanas y un plan de reactivación económica.
El Gobierno, por su parte, ya había aceptado otras condiciones en la negociación con el PUSC, Nueva República y el Liberal Progresista, como alcanzar un superávit primario del 2,45% del producto interno bruto (PIB) para el 2026 y bajar la deuda pública del 68% actual a un 63,55% para el 2026.
El superávit primario es la diferencia entre ingresos y gastos sin contar el pago de los intereses de la deuda. El año pasado, en vez de superávit, hubo un déficit primario del 0,3% del PIB, equivalente a ¢108.000 millones.
Ministro abierto a negociar condiciones, pero no el monto
La idea de los $3.000 millones ofrecidos por el PLN y el FA no termina de satisfacer al Gobierno.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, argumenta que, entre el 2023 y 2027, el país debe pagar $7.900 millones de vencimiento de deuda interna y externa contratada en dólares. “Como se puede ver, hay una presión importante en dólares”, dijo.
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Solo para finales de ese mes, el Ministerio de Hacienda debe pagar el vencimiento de $1.000 millones de viejos eurobonos.
Con tal de sumar los 38 votos, Acosta prometió abrir negociaciones con diputados del PLN y el Frente Amplio para poder integrar sus observaciones a un texto de $6.000 millones.
El ministro dijo que una correcta visión de mediano plazo es el texto negociado con una mayoría de diputados de Económicos. “Nosotros estamos abiertos a las observaciones que tienen respecto a las condiciones de las emisiones, pero seguimos considerando que el monto de $6.000,00 es lo conveniente para el país”, finalizó.
Sobre la propuesta del PLN-FA, el ministro dijo: “Las necesidades no solo tienen que ver con el monto, sino con el plazo de los títulos. Lo realmente triste es que solo están viendo el muy corto plazo. Y el país y que el próximo Gobierno va a ir por otros eurobonos. Es una visión muy limitada de cómo arreglar los problemas del país”.
En tanto, la jefa del PPSD, Pilar Cisneros, insistió en que irán hasta el final con los $6.000 millones.
Por recomendación de Eli Feinzaig, vocero del Partido Liberal Progresista (PLP), los jefes de fracción definieron tramitar la quema del primer día de mociones de ajuste el próximo lunes.
Las mociones de ajuste recaerían sobre el texto que autorizaría los $6.000 millones al Gobierno, el cual tiene como condición el cumplimiento de metas fiscales acordadas por Hacienda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Luego, esas mociones serán discutidas en la Comisión de Económicos probablemente durante la misma semana. En total, el proyecto debe pasar por dos etapas de revisión para que vuelva al plenario, donde se le daría debate definitivo por el fondo probablemente antes de que termine el año, si los legisladores así lo deciden.
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El proyecto entra a su etapa final en la Asamblea Legislativa, cinco meses después de abrirse el debate en la comisión dictaminadora.
