El importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, de 38 años, así como el gerente general suspendido del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea Coto (68) podrían abandonar la prisión a la medianoche de este domingo, al cumplirse los tres meses de prisión dictados el 4 de noviembre.
La decisión le corresponde al Juzgado Penal de Hacienda en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, el propio día de las elecciones presidenciales y legislativas.
Al polémico empresario se le acusa de cuatro delitos: peculado,tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.
Juan Marcos Rivero, defensor de Bolaños, manifestó, la tarde de este sábado que es 'posible que la jueza resuelva a las 6 p. m. (de este domingo) una vez que sean cerradas las urnas', ya que considera que lo que se dicte en este caso puede incidir en el resultado electoral.
"Si yo fuera ella, lo haría luego de las 6 p. m. del domingo; creo que lo podría hacer así. La medida cautelar vence el 4 a la medianoche. Lo verá la misma jueza que estuvo en la audiencia de medidas cautelares. Solo vamos los abogados de cada uno de ellos", dijo Rivero vía telefónica.
Bolaños permanece recluido en el Centro de Atención Institucional, Luis Paulino Mora, situado cerca de La Reforma, mientras que Barrenechea en el CAI del Adulto Mayor en San Rafael de Alajuela.
Este día también se definirá el futuro de los funcionarios de alta gerencia del BCR, Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos, y Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito.
A estos, la Fiscalía les achaca haber facilitado la sustracción de recursospúblicos, producto de su participación en el otorgamiento y manejo de las líneasde crédito que el BCR le concedió a Bolaños, para queimportara cemento desde China.
La resolución judicial que los envió a prisión preventiva se dictó el 4 de noviembre, cuando el Juzgado de Turno Extraordinario de San José determinó que los siete imputados poseían los medios económicos para salir del país y eludir la justicia.