El Gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley para ampliar las intervenciones telefónicas o escritas a casos de femicidio y homicidio simple, delitos que actualmente no están incluidos en la ley que regula este mecanismo.
Se trata de una reforma a la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones que contempla los escenarios en los que es posible la interceptación de comunicaciones.
“Actualmente, dichos delitos son susceptibles de ser investigados utilizando la técnica de interceptación de las comunicaciones, siempre y cuando hayan sido declarados como delincuencia organizada. La comisión de estos delitos no necesariamente implica que deben estar inmersos en grupos criminales; sin embargo, con ellos, se lesiona el bien jurídico más preciado, sea la vida”, argumenta el proyecto de ley.
La reforma planteada para el artículo 9 señala que se podrá “autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas, digitales y por cualquier otro medio tecnológico, cuando involucre el esclarecimiento” de una lista de delitos, a la cual se agregaría homicidio simple y femicidio.
Ese ajuste en la legislación es promovido también por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Actualmente, las escuchas son permitidas para casos de narcotráfico, secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico de personas para comercializar sus órganos; homicidio calificado; genocidio, y terrorismo.
Adicionalmente, la propuesta de ley amplía hasta un año el plazo en el que se pueden intervenir comunicaciones. El plazo inicial es de cuatro meses, pero ante la dificultad del caso, se podrá extender por dos periodos iguales, con un máximo de un año. La ley vigente permite un periodo máximo de nueve meses, si se acogen a las dos prórrogas que existen.
Esta es una de las iniciativas del paquete de proyectos de ley que propone el Poder Ejecutivo para combatir la delincuencia creciente en el país.
La diputada de Nueva República, Gloria Navas, había presentado desde octubre del 2022 un proyecto de ley en la misma dirección que esta iniciativa propuesta por Rodrigo Chaves. Ese expediente se encuentra en discusión en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Las escuchas telefónicas tienen que ser autorizadas por un juez. Foto ilustrativa (Shutterstock)
