El director del periódico La Nación, Armando González Rodicio, enfatizó ante los diputados que el hecho de que una institución pública suprima su pauta publicitaria a un medio de comunicación, en represalia a publicaciones críticas, constituye "una falta al deber de probidad".
Así lo expresó, este jueves, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde se investiga si los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) utilizaron esa estrategia para castigar a dos medios de comunicación.
Las pesquisas del panel se iniciaron, este jueves, luego de que el 11 de julio un reportaje de La Nación denunció que el BN desató una ofensiva para silenciar a este medio, en respuesta a una serie de publicaciones sobre presuntas irregularidades en las administraciones de esta entidad financiera y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), del cual el BN es dueño minoritario (con un 49% de las acciones).
Sobre el caso del Banco Nacional, el director de La Nación aseguró que se produjo una violación al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, donde se habla del deber de probidad.
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"De la lectura de este artículo pueden ustedes inferir fácilmente que prácticamente el Banco Nacional violó línea por línea lo que se establece en esa norma", dijo González.
Ese artículo dice: "El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente".
Además de recortar la pauta, el BN llevó a cabo otras gestiones, como explorar la posibilidad de demandar penalmente a los periodistas de La Nación encargados de las publicaciones.
Corrupción. González Rodicio insistió en que la estrategia de utilizar la publicidad para premiar o castigar medios no es algo nuevo, sino que data de gobiernos anteriores y constituye un acto de corrupción.
"Les vengo a hablar del problema con el Banco Nacional, pero les vengo a hablar de mucho más que eso. Les vengo a hablar de un problema de profunda corrupción que no es propio de esta administración, viene de muchas y no es el Banco Nacional. Son muchas instituciones y algunas están incurriendo en esas prácticas en este mismo momento, solo que no han sido denunciadas en el periódico", dijo González.
Como ejemplo, citó una directriz que se emitió en el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) para suprimir la publicidad estatal en La Nación, al tiempo que mencionó el conocido 'memorándum del miedo' que se emitió en la administración de Óscar Arias (2006-2010), en el cual se recomendaba pautar en radios.
"Hay gobiernos que lo han hecho por completo, con una directriz que dice 'no pauten en algún lado en específico, porque no nos gusta lo que publica', y les digo el gobierno de don Abel Pacheco. Ha habido instituciones que lo hacen hoy y lo dejan de hacer y lo hacen mañana, según les guste o no lo que se está publicando".
"Estoy harto de ver esto por muchas razones, porque es una falta al deber de probidad en el uso de los recursos públicos. Cuando ustedes aprueban presupuestos estatales para la publicidad, no pensamos que van a ser utilizados para castigar a un medio que critique o para premiar a uno que aplauda. Ustedes no aprueban esos fondos para eso. Ustedes aprueban esos recursos para que las instituciones hagan un uso eficiente de ellos de conformidad con los fines que esos fondos tienen y los fines que esos fondos tienen es comunicar eficientemente", agregó el director de La Nación.
González también pidió a los legisladores trabajar en medidas legales para cerrar los portillos que, en la actualidad, permiten utilizar los fondos publicitarios como arma para corromper periodistas y funcionarios públicos.
El Gobierno, de hecho, tiene casi listo un proyecto de ley en ese sentido.
Él es del criterio de que una nueva legislación se debe fundamentar en pronuncionamientos e informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
También considera que la pauta estatal se debe distribuir según los criterios de mercado, entre los medios de comunicación que ayuden a difundir de una manera más óptima el mensaje, de acuerdo con un plan de medios, previamente diseñado.
Para González, el designar un porcentaje de los recursos públicitarios, entre medios regionales y pequeños, no resuelve la problemática, pues cree que contribuye a fomentar la compra de aplausos y el castigo a las críticas.
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¿Defender intereses? Armando González aprovechó su intervención, en el Congreso, para aclarar que la denuncia contra el BN, que se hizo en el periódico, fue para defender los derechos de libertad de expresión y de prensa, y no por un tema económico.
"¿Vengo a defender los cincos? No. No, porque hay una forma mejor de defenderlos: me callo y ya", expresó González durante su intervención.
Añadió: "En un medio de comunicación se hizo una recopilación de cuánto había gastado el Banco Nacional en publicidad en los últimos seis años y creo que la suma llegó a ¢2.200 millones (...). ¿Cuánto va a pagar La Nación este año como patrono a la CCSS? Casi ¢2.500 millones, es decir, los ¢2.200 millones de pauta del BN no le sirven a La Nación para pagar un año como patrono".
Solicitó a la comisión investigar si esos seis años de pauta en La Nación no fueron un vehículo publicitario idóneo para el BN. Si no es así, acotó, "esos señores (del banco) deberían estar acusados por un muy mal uso de los recursos públicos".
González fue el primero que compareció por ese caso, por el cual también fueron llamados a declarar la gerente general de Diario Extra, Iary Gómez; y los gerentes del BN y del BCR, Juan Carlos Corrales y Mario Barrenechea, respectivamente.
El diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, fue quien promovió la investigación, aunque su propuesta fue aprobada por unanimidad por el resto de integrantes del panel de Control de Ingreso y Gasto Público.
Redondo dijo que la intención es que la pesquisa depare en una recomendación sobre la destitución de personeros bancarios, denuncias ante el Ministerio Público e, incluso, con la redacción de un proyecto de ley para detener el uso de publicidad pagada con fondos públicos para premiar o castigar a los medios de comunicación.
En la sesión de este jueves, estuvieron además de Redondo, los diputados Ottón Solís y Epsy Campbell, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC); Rolando González, de Liberación Nacional (PLN); Johnny Leiva, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara, del Movimiento Libertario; y Gonzálo Ramírez, de Renovación Costarricense.
Ottón Solís dijo que la investigación legislativa debe determinar quién fue el funcionario de le recomendó al gerente general del BN, Juan Carlos Corrales, reducir paulatinamente, hasta llegar a cero, la pauta publicitaria en La Nación, tal y como él alegó en una entrevista con este medio.
"No hay duda, está comprobado el hecho de que el Nacional utilizó la pauta publicitaria para castigar a un medio, así lo acepta el gerente del banco. A no ser que al escuchar la grabación (de la entrevista con La Nación) alguien diga que esa no es la voz de Corrales o que él lo niegue, eso no debería ya ser sujeto, eso ya queda demostrado, lo que debemos determinar es quién dio la orden", expresó el rojiamarillo.
Solís aboga por una reforma legal en la que se prohíba a las instituciones públicas pautar los logros y las obras construidas de un gobierno.
Campbell y Redondo coincidieron en la necesidad de una ley que endurezca los requisitos para poder ser nombrado como directivo de un banco estatal y, así, impedir que sus integrantes tengan tintes políticos, sino especialistas en la materia.
"Me siento muy orgullo de los miembros de esta comisión, me parece que esta comisión tiene la dicha de tener diputados de un alto valor ético, que han asumido la decisión de denunciar, de atacar y de señalar circunstancias, a veces ganándose enemigos gratuitos (...). No aflojemos, garanticemos a los costarricenses que no es posible amedrentar a los que tratan de esclarecer circunstancias que no convienen a la democracia", concluyó Redondo.