Los jefes de cuatro fracciones políticas se enfocarán en aprobar proyectos de ley sobre seguridad ciudadana, durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa que se extienden de mayo a julio. Estudiarán los textos convocados por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pero piden al Ejecutivo convocar otras reformas impulsadas por los partidos de oposición.
En esa misma prioridad coincidió el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, quien solicitó a la Presidencia de la República incluir su iniciativa para revocar la ciudadanía a los extranjeros nacionalizados que resulten culpables de delincuencia organizada.
El diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN); María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR), y Luis Diego Vargas, del Liberal Progresista (PLP), enfatizaron que la prioridad máxima se refiere a esas iniciativas contra la criminalidad.
En la agenda convocada por la Casa Presidencial, en este periodo donde el Ejecutivo ordena cuáles proyectos pueden estudiar los diputados, solamente se incluyeron seis expedientes. Entre esos, Izquierdo urgió el avance del plan de Gilberth Jiménez para endurecer la prisión preventiva, el de fortalecimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para perseguir el crecimiento exponencial de patrimonios sin causa lícita aparente y el de modernización de la intervención de las comunicaciones.
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Carballo coincidió con el avance del plan sobre prisión preventiva, pero también dijo que deben impulsarse otros, como la iniciativa para penalizar armas y objetos en la comisión de delitos, así como el expediente 24.165, para actualizar la regulación de armas en el país.
Los jefes liberal y fabricista también mencionaron planes de seguridad, pero que consideran deben ser convocados por Rodrigo Chaves, en particular proyectos de sus propias bancadas. Diego Vargas hizo referencia al proyecto sobre enjuiciamiento de causas declaradas como narcoactividad y al plan sobre crimen organizado juvenil, mientras que Pablo Sibaja se enfocó en proyecto antinarcotráfico y el plan de Nueva República sobre sicariato.
En el caso de la jefa oficialista, Pilar Cisneros, si bien coincidió en la necesidad de impulsar planes específicos sobre seguridad, mencionó en primer lugar la iniciativa sobre jornadas flexibles (jornadas 4-3), así como la reforma a los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Administrativa, “para poder hacer obras como Ciudad Gobierno y proyectos en Limón”.
Respecto a la agenda de seguridad, la oficialista le dio énfasis al de prisión preventiva y al 23.800 de Rodrigo Arias, para quitarle la ciudadanía a extranjeros naturalizados que incurran en actos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Sobre este proyecto, aún no convocado por Chaves, precisamente Rodrigo Arias le pidió a Cisneros mediar para que el Ejecutivo lo ponga en la agenda legislativa a la brevedad.
La congresista también alegó que debe avanzar su reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses que tengan requerimientos internacionales por esos mismos delitos de criminalidad organizada, pero Cisneros aboga por tramitar también la venta del Banco de Costa Rica (BCR), el proyecto sobre cobro del impuesto de renta global y el plan para aumentar el cobro del canon a empresas por utilizar las frecuencias de radio y televisión.
