En una votación ajustada, la Comisión de Hacendarios rechazó este miércoles aprobar un paquete adicional de ¢80.000 millones solicitados a última hora por el Gobierno dentro del Presupuesto Nacional del 2022. Dichos recursos, de acuerdo con informes técnicos, romperían el límite del crecimiento del gasto de 1,96%, impuesto por la regla fiscal.
El Ministerio de Hacienda alegó que ¢52.000 millones de esa solicitud quedarían fuera de la regla fiscal por ser parte de una ley que dirigió recursos al PANI después de la reforma tributaria del 2018, la cual introdujo la regla fiscal.
El rechazo se concretó con la votación negativa de dos mociones presentadas por el Gobierno. En ambas oportunidades, el resultado quedó con cinco votos a favor y seis en contra.
La legisladora independiente Shirley Díaz alegó que no se opone a otorgar nuevos recursos a la inversión social, sino a los argumentos del Poder Ejecutivo. Además, machacó que el requerimiento se planteó de última hora vía moción y no dentro del proyecto inicial del presupuesto, lo cual genera preguntas sobre la prioridad de la Administración en la inversión social.
El Gobierno presentó el requerimiento al filo de las 5 p. m. del viernes anterior, día en que se venció el tiempo para presentar mociones de ajuste el presupuesto ordinario.
Primero, el Ejecutivo alegó que debían de salir de la contabilidad del gasto corriente ¢52.839 millones correspondientes a una transferencia para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El Ejecutivo no pretendía recortar ni aumentar esta partida.
Sin embargo, los ministros de Hacienda y Presidencia, Elian Villegas y Geannina Dinarte, alegaron que, según una interpretación legal del Gobierno, esta transferencia debía quedar fuera del cálculo de la regla fiscal, debido a una legislación sobre destinos específicos.
Se trata de la Ley 9941, Norma para el Fortalecimiento de la Red de Cuido, que establece la obligación de transferirle al PANI el 5% de lo recaudado por el impuesto sobre la renta y, a la vez, que una quinta parte de la transferencia fuera directo a la Red de Cuido.
En segundo lugar, alegando que entonces quedaba más espacio para el gasto corriente, el Gobierno solicitó partidas adicionales por ¢90.000 millones.
Este monto incluyó ¢8.000 millones para el mantenimiento de vías aprobados este martes por el foro de Hacendarios y ¢2.900 millones extra para el Poder Judicial, los cuales no generaron mayor discrepancia entre los diputados.
Sin embargo, incluía otros ¢80.000 millones, que fueron rechazados, los cuales se desglosaban así: ¢32.160 millones para la Red de Cuido, ¢20.000 millones para pensiones de personas en condiciones de pobreza y ¢27.000 millones para el programa de becas avancemos.
Sin embargo, luego de sendas discusiones, una mayoría de la comisión lo descartó. El grupo opositor indicó que la discusión bien se podría reabrir en el plenario, cuando el proyecto sea discutido en esa instancia.
Para tomar la decisión, cinco diputados de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Republicano Social Cristiano (PRSC), Nueva República (PNR) y la independiente Shirley Díaz se apoyaron en informes técnicos.
Citaron las respuestas de la oficina de Análisis Presupuestario de la Asamblea legislativa y de la Contraloría General de la República (CGR), que advirtieron de que esos nuevos recursos romperían con la regla fiscal.
La CGR estimó, por ejemplo, que el 99,4% de ¢90.000 millones solicitados por el Gobierno provenían de deuda interna. Si se avalaban en su totalidad, advirtió el ente contralor, el gasto crecerían en un 2,90%, porcentaje superior al tope establecido por regla fiscal.
La Contraloría agregó que los nuevos recursos generarían un aumento de ¢94.651 millones (0,2% del PIB) en el déficit financiero y en el déficit primario.
La diputada Ana Lucía Delgado, presidenta de Hacendarios, subrayó que el departamento de Servicios Técnicos del parlamento dijo que es a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Asamblea Legislativa a los que les corresponde interpretar las leyes.
Lo mismo señalaron Ana Miriam Porras, directora de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, y Jorge Luis Araya, director de Presupuesto Nacional, en una respuesta enviada a los congresistas.
A la firma de esta respuesta se sumó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a pesar de que, un día antes de la votación, defendió su idea de que los recursos girados al PANI estaban exentos de la regla fiscal.
La diputada oficialista Laura Guido, lamentó que no se haya podido incrementar la inversión social. Eduardo Cruickshank, legislador de Restauración Nacional, quien votó a favor del incremento, valoró que al evaluar los criterios técnicos y el beneficio humano, se inclinaba por lo segundo.
Yorleny León, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), reprochó que en la actual Asamblea Legislativa, en otras oportunidades, se haya omitido criterios técnicos que advirtieron de los efectos fiscales negativos en la aprobación de algunas leyes.
Tal es el caso, según dijo, la aprobación de una reducción del marchamo para el 2022. Ese proyecto generaría una reducción de ingresos de ¢30.000 millones, estimó Hacienda.
Por la noche, Casa Presidencial envió un comunicado en el que lamentó el rechazo de los ¢80.000 millones. Alegó que los centros de cuido del PANI no tendrán recursos para el segundo semestre.
También, mencionó que, dentro de lo rechazado, había ¢27.000 millones para el programa Avancemos y ¢20.000 millones para las pensiones del Régimen No contributivo de la CCSS.