Los diputados de la Comisión investigadora sobre la penetración del narco en la zona sur pasaron por alto, en las conclusiones de su informe, las numerosas gestiones que realizó el diputado del PUSC, Óscar Cascante Cascante, en favor de integrantes de la presunta banda de narcotraficantes del caso Turesky, ante diferentes instituciones.
Además, los congresistas evitaron hacer alguna mención, en las conclusiones, sobre la visita del legislador Gustavo Viales Villegas, del PLN, al condominio donde fue detenido, en Heredia, Darwin González, aparente líder de otro grupo narco desmantelado en la zona sur.
Las conclusiones de la investigación legislativa solo mencionan las entradas de los sospechosos del caso Turesky, Luis Guillermo Cartín (ya fallecido), Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera, a varios despachos legislativos, pero para concluir que hay “debilidades en la generación de alertas para los jerarcas institucionales desde los departamentos de seguridad”.
Los diputados omitieron decir que Cascante contactó a los sospechosos de narco con al menos diversas instituciones públicas, entre ellas el Banco Popular, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Hipotecario de la Vivienda, la Presidencia de la República y la Municipalidad de Limón, en favor de sus proyectos de turismo y de viviendas de interés social.
El legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitó también reveló gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
El resto de conclusiones enlistadas en el informe del órgano investigador en realidad no son propias de los diputados, sino que son referencias de las declaraciones que hicieron los correspondientes jerarcas de varias instituciones recibidas en audiencia.
Tampoco hay, entre las deducciones de los congresistas, ninguna que se refiera a las menciones de alcaldes o regidores en investigaciones judiciales sobre penetración del narcotráfico en estructuras cantonales.
La única opinión de los congresistas es que el mandato de la comisión fue “contradictorio y poco realista”, pues alegan que por encontrarse las investigaciones judicializadas, era “imposible tener información o acceso” a las investigaciones a causa del artículo 295 del Código Procesal Penal.
El documento, conocido este martes en la última sesión de la comisión investigadora que presidió la independiente Zoila Volio, fue aprobado por seis votos, mientras que solamente un legislador votó en contra.
Los votos favorables fueron de Jorge Fonseca y Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN); Floria Segreda, de Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y los independientes Volio y Erick Rodríguez Steller.
Las demás conclusiones fueron atribuidas a los jerarcas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública. Estas entidades confirmaron los riesgos de la penetración o los intentos de penetración del narco en las instituciones y los partidos políticos, pero de forma general.
En lo particular, los diputados evitaron a toda costa hacer referencia a los casos que causaron la apertura de las investigaciones, como son las gestiones de Cascante o la visita de Viales a la vivienda en Heredia.
El debate entre diputados
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Ramón Carranza, negó su apoyo al informe, pues alegó que desde el principio notó “un interés de no hacer las cosas”.
“La comisión nació ante hechos reales, de presunta injerencia del narcotráfico y legitimación de capitales en la política”, dijo Carranza y añadió que la idea era escuchar a las autoridades institucionales y, luego, interrogar a los implicados, incluso los que estaban presos, así como funcionarios cuestionados por sus actitudes.
No obstante, dijo el oficialista, “por política partidista” los demás diputados limitaron el trabajo del foro investigador desde el inicio, salvo “el trabajo de don Otto Roberto, que sí preguntó”. Carranza alegó que varios dedicaron el tiempo para atacarlo a él e, incluso, para “tender alfombra roja a algunos comparecientes, como el diputado Viales”.
“Algunos compañeros le tiraron rosas en el camino”, dijo el congresista del PAC.
Agregó que hubo información suficiente de las autoridades para continuar con la investigación, como las advertencias del TSE sobre la falta de herramientas para luchar contra el narco y el grito de la Corte para que se hiciera algo.
Por su parte, la restauracionista Floria Segreda confrontó a Carranza. Ella adujo que los miembros del foro no tuvieron “a la mano ningún tipo de denuncia para investigar”.
“Usted no puede tirar piedras cuando el PAC ha cometido estafas, ha habido corrupción, hubo el caso del cementazo y eso es peor que el narco, porque fue en forma descarada y directa. (...) Esta comisión y yo hemos estado siguiendo la normativa por la cual se nos autorizó a hacer la comisión”, alegó Segreda.
En su declaración, ella destacó que integró por dos años la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y mencionó que trabajó de cerca junto con Gustavo Viales, quien era presidente de ese órgano. Segreda adujo que, en ese otro foro, sí se investigó la penetración del narcotráfico.
“La Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con la presidencia de Gustavo Viales, estuvo haciendo un buen trabajo hasta que él, por cuestiones de honorabilidad, renunció a esa presidencia para dejar paso a la investigación que se le estaba haciendo”, agregó Segreda.
El independiente Rodríguez Steller alegó que “no se pueden hacer acusaciones con afirmaciones temerarias, sin pruebas; ya la inquisición pasó hace mucho tiempo y la politiquería ha llevado a hacer afirmaciones, cosas que uno se queda con los pelos de punta”.
La liberacionista Karine Niño alegó que su fracción apoyó “desde el inicio la investigación, aun con los fines que traía, que uno esperaba que fuera a cambiar en el proceso”. Niño negó que hubiese obstrucción.
“No se pudo comprobar algún caso en específico o hecho que señalara a algún compareciente en los casos judicializados por ley, porque ninguna autoridad podía hacer comentarios al respecto”, alegó la liberacionista.
“No es justo usar el micrófono y tergiversar, inducir a error, hablarle a la gente desde lo emocional y no lo racional, espero que vengan diputados de mayor altura”, arguyó la verdiblanca.
Ahora, luego de cerrada la comisión tras 12 sesiones, los informes, tanto el de mayoría como el de Luis Ramón Carranza, pasarán al plenario para la discusión final.