Los diputados aprobaron este miércoles, en primer debate, un proyecto de ley que permite excluir del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) todas las contrataciones que necesite hacer el Programa de Protección y Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
Se trata del expediente legislativo 23.999, iniciativa para la protección de datos sensibles de víctimas y testigos, el cual añade un inciso al artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública.
La votación tuvo el apoyo unánime de los 42 legisladores presentes en el momento de la votación, de las seis fracciones políticas.
El objetivo principal de la iniciativa legal es evitar que organizaciones criminales puedan acceder a los datos públicos relacionados con esas contrataciones para protección de víctimas de la criminalidad o de testigos clave en procesos judiciales, y que eso ponga en riesgo sus vidas.
Así lo enfatizó el diputado Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), coproponente del plan junto con Alejandra Larios, subjefa liberacionista, “a fin de eliminar la posibilidad de que bandas criminales aprovechen maliciosamente la información de contrataciones públicas transparentadas en el Sicop, en detrimento de las personas que forman parte del programa”.
Entre las contrataciones que debe hacer el Programa de Protección y Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público están las realizadas para brindar alojamiento temporal seguro, alimentación, vestimenta, insumos para higiene personal, medicamentos, servicios de escolta y protección policial, así como asesoramiento y apoyo psicológico.
“En casos extremos, puede ser necesaria la reubicación de las víctimas y testigos para garantizar su seguridad a largo plazo”, enfatiza la iniciativa en su exposición de motivos.
“La base de estas medidas está en la confidencialidad de las identidades, ubicaciones y de los datos que puedan vulnerar este propósito”, apunta el proyecto.
El problema se generó desde la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, N.° 9986, que exige la transparencia total en la contratación de bienes y servicios que debe hacer el programa de protección de víctimas y testigos.
Esta exigencia podría vulnerar “la robustez, eficiencia y confidencialidad” de los servicios que exige la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.
De hecho, la Ley General de Contratación Pública no solo exige la publicidad de las contrataciones, sino también de los oferentes de los bienes o servicios.
“La contratación de un servicio o bien deja una huella administrativa que puede ser maliciosamente empleada por organizaciones criminales, dado que este procedimiento requiere un estudio de mercado y la confección de un oficio de decisión inicial que se publica en Sicop”, expuso la iniciativa.