En una intensa jornada con seis rondas de votación, los diputados eligieron este martes a dos nuevos magistrados de la Sala III, máximo tribunal en materia penal, por un periodo de ocho años.
Se trata de los jueces penales Álvaro Burgos Mata y Gerardo Alfaro Vargas, el primero de 58 años y el segundo de 52.
Antes de este nombramiento, Burgos se desempeñaba como juez penal de adultos del II Circuito Judicial de San José (con sede en Goicoechea) y como juez de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil.
Alfaro, en tanto, es el juez coordinador del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste.
Mediante votaciones en secreto, el plenario legislativo logró llenar dos de las tres plazas que estaban vacantes en la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
La designación del puesto vacante será retomada la próxima semana.
La jornada empezó con la quinta ronda de votación para elegir al sustituto del exmagistrado Carlos Chinchilla, quien se acogió a la jubilación, luego de que, el miércoles 4 de diciembre, ningún candidato logró los 38 votos necesarios en cuatro rondas.
En esta quinta elección celebrada poco después de las 9 a. m., tampoco hubo humo blanco. Álvaro Burgos obtuvo 36 votos y Sandra Zúñiga, jueza penal y magistrada suplente de Sala III, recibió nueve apoyos, principalmente del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien pujaba por una mujer para el cargo.
Con el fracaso de la quinta votación, el presidente legislativo, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, informó de que este expediente debía ser retomado la próxima semana, para pasar al siguiente: el de la sustitución del exmagistrado Celso Gamboa, quien fue destituido.
En este nuevo proceso, también en horas de la mañana, Álvaro Burgos obtuvo 39 votos en la primera ronda con respaldo de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), el bloque Nueva República (PNR), el Republicano Social Cristiano (PRSC), Integración Nacional (PIN) y un independiente.
No lo apoyaron seis diputados del PAC ni dos del PIN.
La designación se produjo en medio de polémicas por los reclamos que lanzó el PAC en contra de la votación secreta. La mayoría de los diputados se negó a discutir el lunes, en el plenario, una reforma al Reglamento legislativo para hacer pública la elección de magistrados.
Luego, en horas de la tarde del martes, el plenario procedió a llenar la tercera vacante, la que dejó la exmagistrada Doris Arias por jubilación.
Fueron necesarias cinco rondas de votación. En las primeras cuatro, los votos se repartieron entre Gerardo Alfaro y el juez penal de San José, Omar White Ward. El primero se acercó mucho más a la cantidad de votos requerida.
En la última votación, finalmente, Alfaro obtuvo los 38 votos necesarios gracias a un acuerdo enfre fracciones, del cual no participó el PUSC, partido que se mantuvo apoyando a White Ward.
Alfaro recibió el apoyo de diputados del PLN, PAC, PRN, PNR y del Frente Amplio.
Fue fundamental el hecho de que el PAC cambió de criterio y apoyó a Alfaro en la quinta ronda, en lugar de a White, ante el compromiso del PLN de que la última magistratura vacante en la Sala III será para una mujer.
El partido de gobierno apoyó temprano a Sandra Zúñiga. Ella y Gerardo Alfaro, como magistrados suplentes, firmaron la orden de allanamiento de la diputada restauracionista Floria Segreda, quien no se abstuvo de participar en el proceso y anunció que su partido podía apoyar a Alfaro.
La jefa de fracción del PLN, Silvia Hernández, afirmó: “Yo diría que hay una clara intención de que se nombre una mujer en la Sala III. Esa ha sido la intención inicial, de siempre. No es un tema solo de acuerdo ahora. Si revisa, en el informe de minoría del PLN, la terna que se repite en los tres expedientes, trae dos hombres y una mujer (Sandra Zúñiga)”.
“Yo diría que sí, en principio, hay un acuerdo para que en el último expediente o a lo largo de los tres expedientes de nombramiento, exista una mujer. No hay un acuerdo sobre un nombre, sino para que exista una mujer y mantener la equidad, el equilibrio. Ha sido evidente que el proceso, como es claro, para una magistratura no se construye tan fácilmente como uno pueda creer”, añadió.
Atestados
Álvaro Burgos es doctor en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho y posee igual grado académico, en Derecho Penal y Criminología, por la Universidad de Cádiz, España.
También cuenta con una maestría en Criminología con mención en seguridad humana, obtenida de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI).
En su currículum, él destaca también sus estudios en Psicología Criminal, obtenidos en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, así como otros estudios de la Universidad de Málaga.
De acuerdo con el currículum que presentó a estudio de los legisladores y que se encuentra en el sitio web de la Universidad de Costa Rica, es miembro de la Sociedad de Honor en Psicología de Estados Unidos, así como la Sociedad Amerciana de Criminología.
Forma parte de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica y su correspondiente española, además de la Asociación Costarricense de Medicina Forense.
En cuanto a experiencia laboral, ha trabajado para la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y para la Asociación Costarricense de Ayuda al Preso.
Como funcionario del Poder Judicial, también fue juez de instrucción penal, defensor público, alcalde de faltas y contravenciones, juez tutelar de menores, además de juez coordinador del Tribunal Superior Penal Juvenil y juez de juicio del Segundo Circuito Judicial de San José.
Por su parte, Gerardo Alfaro también ejerció como juez penal en Guanacaste, tanto en Nicoya como en Santa Cruz. Anteriormente, fue defensor público en San José, Golfito y Santa Cruz.
Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) con una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Además, es miembro de la Asociación Costarricense de Jueces y de la Asociación de Empleados Judiciales de Guanacaste.