El hecho de que el PAC le prestara siete plazas de asesores al PUSC en la Asamblea Legislativa encendió la polémica en el seno de la bancada del partido gobernante.
Diputados como Epsy Campbell y Ottón Solís reclamaron a la jefa de fracción, Emilia Molina, por considerar que al ceder puestos a la Unidad Social Cristiana (PUSC) se incumple el compromiso de austeridad del Partido Acción Ciudadana (PAC) pues es el Estado no percibe ningún ahorro.
Para disminuir gastos, la fracción del PAC había acordado congelar 17 de los 75 códigos de asesores que podía utilizar en el Congreso.
Sin embargo, luego de los acuerdos alcanzados con el PUSC para que el PAC pudiese ganar la presidencia del Congreso el 1.° de mayo, la jefa de fracción oficialista cedió siete códigos de asesores a varios legisladores socialcristianos.
La repartición no terminó ahí pues de las plazas en buchaca Molina también prestó dos a Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Así consta en las actas del Directorio legislativo 003, 007, 009 y 012, consultadas por La Nación , según las cuales el PAC también le asignó dos plazas vacantes al presidente legislativo, Henry Mora, quien es congresista de Acción Ciudadana.
La bancada oficialista prestó 11 de los 17 códigos que había congelado para ahorrar recursos. En cuatro años, esas plazas implicarán un gasto de unos ¢700 millones, si se toma en cuenta que el salario promedio de un asesor es de al menos ¢1,2 millones.
La propia Molina admitió que el fundador del grupo, Ottón Solís, le reclamó por el préstamo a la Unidad. Él, quien desconocía que también se cedieron puestos al PASE, insiste en que se contradice el compromiso de austeridad que tiene el PAC desde su fundación.
Por su lado, el diputado alajuelense Franklin Corella confirmó que la fracción le pidió cuentas a la jefa de fracción luego de que varios congresistas pidieron el congelamiento de las plazas que no usan.
En el centro de la discusión está la petición de una mayoría de los diputados de que se exija la devolución de las plazas al PUSC.
Marcha atrás. Epsy Campbell considera que la jefa de la bancada tiene que dar marcha atrás. “Esa nunca ha sido práctica nuestra. Los códigos deben volver a la fracción, porque la decisión es no usarlos, es para hacer un ahorro”.
Por su parte, Molina alegó que en otros periodos la fracción del PAC ha utilizado todas las plazas a las que tenía derecho. “No son muchos, calculo que son como tres o cuatro prestados. Algunos compañeros estuvimos de acuerdo en prestarlos, pero no todos”.
Mientras en el partido oficialista el debate por el préstamo arde, el jefe de la fracción del PUSC, Rafael Ortiz, dijo que ellos pidieron los códigos porque sabían que el PAC no iba a utilizarlos todos.
Ortiz aseguró que no sabe de la polémica en la bancada gobiernista y no le han pedido la devolución de las plazas. Añadió que el préstamo nada tiene que ver con los acuerdos del 1.º de mayo.
El pleito en el oficialismo corre por los pasillos del Congreso. Por eso, el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya pidió cuentas sobre los asesores del PAC.
“La intención es saber si están prestando, para saber dónde están y si los dan a otros partidos, para que entonces repartan proporcionalmente, porque a mí me hacen falta asesores. Si prestan, ¿cuál es el ahorro?”, dijo Araya.
Ahorro. Cada uno de los 57 diputados tiene derecho a 5,8 códigos de asesores. En el PAC la regla es emplear solo tres códigos por legislador: dos para profesionales y uno para la recepción. Solís fue el único de los 13 miembros de la bancada que envió una nota pidiendo que se congelen los códigos que no usa.
Los congresistas del PAC ocupan 39 plazas, pero, además, entre todos se acordó integrar un grupo de apoyo para toda la bancada, llamado Grupo de Asesores de Fracción (GAF), con 19 códigos.
Así, en total usa 58 asesores de los 75,4 a los que tiene derecho. De ahí surge el sobrante de 17,4 plazas de donde salieron los préstamos.