Diputados del Frente Amplio bloquean, con 225 mociones, legalización de pozos a productores

El texto fue dictaminado positivamente en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, podría tomar meses la discusión de las 225 mociones presentadas por los frenteamplistas.

La iniciativa, apoyada por el Gobierno, fue planteada en el periodo anterior por el entonces diputado Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN). Busca suspender cualquier gestión administrativa de cierre definitivo de pozos, y facilitar el registro ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sin cobro retroactivo para operar.

El Poder Ejecutivo sostiene que, de esta forma, los productores agropecuarios obtendrían una concesión para operar y asegurar la colocación de productos en mercados internacionales.

Sin embargo, Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio que firmó todas las mociones de su partido, aseguró que esta amnistía está diseñada para que dos sectores específicos, el de cultivo de sandía y de melón, “sigan exportando” a Estados Unidos y a la Unión Europea.

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“En la actualidad, Guanacaste sufre serios problemas de acceso al agua potable. Como fracción, presentamos una cantidad alta de mociones para poder negociar puntos que consideramos importantes, para garantizar la sostenibilidad de la actividad económica en respeto a nuestro marco jurídico”, dijo la legisladora.

Añadió que su agrupación ha sido crítica de las tres amnistía aprobadas anteriormente para pozos perforados de manera ilegal y que este plan extendería una figura que ya ha otorgado este beneficio de amnistía por 20 años.

Vindas suscribe a nivel individual 160 propuestas de cambio, 49 junto junto con su compañero de bancada Ariel Robles, y 16 con Robles y la subjefa de bancada, Sofía Guillén.

En una de sus propuestas, el Frente Amplio pide eliminar los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la iniciativa, relativos al procedimiento para regularizar los pozos, lo que vaciaría de contenido al proyecto.

Luego, propone eliminar los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra moción suya plantea establecer en seis meses la amnistía, el tiempo que ya está contemplado en el texto vigente, y después pide que sea de un año.

También, plantea que el solicitante podrá mantener el aprovechamiento del agua para actividades agropecuarias regenerativas, por mencionar algunas.

Además de las 225 presentadas por el FA, el texto dictaminado recibió 26 mociones del Partido Liberación Nacional, 19 del oficialista Partido Progreso Social Democrático y una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El peso de las mociones del PLN recae en Andrea Álvarez, que presentó 25; y en el caso del PPSD, las 19 las introdujo Manuel Morales. La única del PUSC la firma Alejandro Pacheco.

Álvarez dijo que sus mociones las mociones buscan “cambios muy puntuales para precisar los conceptos utilizados y explicar, de mejor manera, los procesos propuestos en la reforma”.

Una de sus propuestas fijaría en un año el periodo de la amnistía y otra en tres meses. Asimismo, plantea que los pozos no inscritos en territorios de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica(Japdeva) podrán ser registrados por personas físicos y jurídicas que demuestren 10 años de posesión pacífica.

También, plantea que la inscripción de fuentes subterráneas y superficiales debe ser en actividades agrícolas y agroindustriales.

El diputado Morales propone que la amnistía sea para productores dedicados a las actividades agropecuarias de exportación.

La discusión de todas las mociones duraría meses si la comisión no logra un acuerdo para avanzar con la iniciativa. En cuatro sesiones, de aproximadamente dos horas, se han discutido apenas se han discutido 24.

Por cada moción, el reglamento legislativo otorga 15 minutos para que los legisladores hablen a favor y 15 minutos en contra.

La segunda etapa de ajuste en comisión es el preámbulo para que un proyecto pase al plenario y quede en agenda para ser votado en primer debate.