Luego de casi cinco años desde que la Sala IV ordenó al Congreso establecer un proceso para sancionar faltas de los diputados, hoy, los actuales congresistas sí impulsan un proyecto de ley con esa finalidad.
La intención de los legisladores es castigar las violaciones al deber de probidad como funcionarios de elección popular.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), el deber de probidad implica el apego a la transparencia, la rendición de cuentas, la honradez, la rectitud, el respeto, la discreción y la integridad, entre otros valores en la función pública.
El proyecto de ley es el expediente 19.117, que reforma el artículo 112 de la Constitución Política. Dicho texto establece que violar el deber de probidad es una causa para perder la credencial legislativa.
La reforma constitucional es una propuesta del diputado oficialista Ottón Solís, quien ve un buen ambiente para que los parlamentarios ahora sí se impongan límites.
“Es de suma importancia que los diputados estemos al frente de la lucha contra la impunidad, esto es para dar señales de que no estamos protegidos por ese halo”, enfatizó el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Autorregulación. El legislador y exmagistrado constitucional Carlos Arguedas, del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que no le cabe la menor duda de que existe una inclinación de los actuales congresistas para regularse en el ejercicio de sus funciones.
“Tengo la sensación de que hay una actitud, una vocación manifiesta, para autorregularse”, dijo.
Por ejemplo, este congreso ya redujo los aumentos que podrían recibir los congresistas y legalizó la prohibición para que un diputado pueda aspirar al cargo de defensor de los Habitantes.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, aseguró que ahora los legisladores tienen la oportunidad para anunciar si están dispuestos o no a renunciar a muchos privilegios, a pesar de que la aprobación de una reforma constitucional sea tan lenta.
Para aprobar una reforma parcial a la Constitución, los diputados deben observar un proceso que toma al menos tres años en la Asamblea Legislativa. Por el momento, el plan apenas inicia su trámite en el Congreso.
Venció plazo. En junio del 2010, la Sala Constitucional estableció un plazo de tres años para que los diputados solucionaran el vacío legal para fijar sanciones al trabajo de los diputados.
Esa resolución llegó al Congreso en noviembre del 2010, por lo cual el plazo para establecer un proceso sancionatorio se cumplió en noviembre pasado.
Sin embargo, los diputados del periodo anterior ignoraron la orden de los magistrados constitucionales, pues nunca concretaron la discusión para establecer el castigo a sus faltas.
El jefe del Movimiento Libertario, Otto Guevara, reconoció que el Parlamento, como institución, está en mora con la Sala IV.
“Se trata de establecer un procedimiento claro y con un debido proceso, pero no que permita el linchamiento mediático”, dijo Guevara.
El libertario añadió que hay una vocación de la actual camada de legisladores para cumplir con el compromiso y recordó que, de la mano con la reforma constitucional, debe haber cambios al Reglamento de los diputados y a otras leyes.
El vacío legal para castigar a diputados por violar la probidad en la función pública permitió que, en el pasado, varios exdiputados no perdieran la curul, pese a haber cometido faltas éticas.