Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dejaron al Gobierno sin ¢30.900 millones previstos para pagar intereses de la deuda pública en el Presupuesto Nacional del 2023.
Con votos de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Nueva República (PNR), la comisión recortó dicha cantidad de dinero en la partida de intereses y la dirigió a asociaciones de desarrollo y municipalidades.
Los ajustes se hicieron con base en mociones del diputado del PLN, Gilberth Jiménez.
Se opusieron los congresistas del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD) y el Liberal Progresista (PLP).
El pago de intereses de la deuda pública es una de las obligaciones que más apremio está generando al Gobierno en este momento, debido al alto endeudamiento.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aseguró que con la rebaja “no habría forma de cumplir con los compromisos de servicio de la deuda”.
El jerarca lamentó que, junto con otras mociones pendientes de discutir en las próximas sesiones, el recorte podría ascender a ¢86.000 millones en la partida de intereses.
“El presupuesto del 2023, que fue elaborado en agosto, consideró un escenario menor de tasas de interés”, advirtió Acosta.
Expuso que, después de agosto, las tasas de interés han subido tanto en el mercado local como en el internacional, además de que el Gobierno previó que podría colocar eurobonos a finales del 2022 en busca de intereses más baratos y eso ya no será posible porque la Asamblea no ha aprobado aún la emisión.
De los ¢12,2 billones del presupuesto del 2023, ¢2,5 billones corresponden al pago de intereses. Esta partida creció en ¢260.000 millones en comparación con el año en curso (un 11,6% más).
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Desoyeron advertencia
Al aprobar los recortes, los diputados desoyeron una advertencia del departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa. Esa oficina les dijo que debían dejar intactas las partidas relacionadas con el pago de la deuda pública, tanto la de amortizaciones como la de intereses, pese a la subejecución anual de estos rubros.
De los ¢30.900 millones recortados por ahora, ¢10.000 millones irían a las asociaciones de desarrollo, ¢10.000 millones al programa de vivienda de interés social, ¢9.800 millones a municipalidades para que atiendan vías cantonales, ¢600 millones al Ministerio de Cultura y Juventud y ¢500 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para atención de infraestructura vial.
Para Cultura, los diputados aprobaron restituir ¢400 millones al Museo de los Niños y ¢200 millones al Parque la Libertad.
Los legisladores Pilar Cisneros y Eli Feinzaig, del PPSD y el PLP, señalaron el daño que se hace a las futuras generaciones al quitar dinero de la deuda para aumentar el gasto público, en un momento en que los intereses a nivel internacional siguen en aumento.
“Están aumentando la deuda pública”, señaló Cisneros.
Feinzaig sostuvo que se aumenta el gasto al quitar dinero de una partida que podría subejecutarse, como el pago de intereses, para trasladarlo a otra de alta ejecución.
El bloque que aprobó las mociones lo conformaron Paulina Ramírez, Gilbert Jiménez, José Joaquín Hernández y Sonia Rojas, del PLN; Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, del PUSC; Jonathan Acuña, del FA; y José Pablo Sibaja, del PNR.
En contra votaron Feinzaig, del PLP; y Cisneros y Ada Acuña, del PPSD.
Rechazaron otra moción
Por otra parte, una amplia mayoría de 10 diputados rechazó otra moción que habría roto la regla fiscal.
Era una solicitud también del liberacionista de Gilbert Jiménez que pretendía recortar ¢35.662 millones de un aporte de capital de Costa Rica al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Esa transferencia busca aumentar la capacidad de crédito del país en el CAF para, luego, obtener dinero con mejores tasas que ayuden a costear el endeudamiento.
La moción planteaba reasignar el dinero al Ministerio de Seguridad Pública y a la Asociaciones de Desarrollo.
El departamento de Análisis Técnico de la Asamblea Legislativa advirtió de que reasignar esos recursos al gasto corriente de Seguridad y las asociaciones de desarrollo rompería con la regla fiscal, dado que la transferencia al banco latinoamericano se mantiene exenta de esa norma que controla el crecimiento del gasto.
Jiménez proponía trasladar de esos recursos ¢20.000 millones a Seguridad y ¢15.662 millones a las asociaciones.