La diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó una moción que permitiría revivir la pesca semiindustrial de camarón, conocida como pesca de arrastre.
La moción de la socialcristiana podría ser sometida a votación este jueves, en la Comisión de Ambiente, durante la discusión sobre el proyecto de ley para recuperar la riqueza atunera nacional.
El cambio propuesto por esta diputada reformaría el artículo 43 de la Ley de Pesca y Agricultura, permitiendo “la extracción de camarón con red de arrastre”.
Esta situación fue denunciada por la fundación MarViva, la cual alegó que se están presentando “turbias prácticas legislativas para reactivar la pesca de arrastre en Costa Rica”.
En el año 2020, el Poder Ejecutivo vetó un proyecto de ley que reviviría la pesca de arrastre al señalar el severo daño ambiental que las redes provocan en el suelo marino, pues impacta muchas otras especies distintas al camarón.
Según MarViva, estas situaciones se presentan tan solo una semana antes de iniciar las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, haciendo “evidente el interés de algunos diputados por reactivar la pesca de arrastre”.
La moción fue planteada sobre un proyecto que busca regular la pesca de atún mediante tres objetivos fundamentales; uno de ellos es proteger y aprovechar la riqueza natural.
El otro es cerrar todos los portillos legales que hoy permiten a embarcaciones extranjeras explotar el recurso atunero sin pagar por lo extraído.
El tercero es fomentar la creación de una flota pesquera nacional, que aproveche esta riqueza de forma sostenible, a través de cooperativas u otras formas de organización.
Katherine Arroyo, gerente de Incidencia Política de Fundación MarViva, lamentó que la pesca de arrastre sea introducida en esta nueva discusión e hizo un llamado para no aprobar estas prácticas. Argumentó que solo se beneficiaría a un grupo selecto.
“Desde MarViva, lamentamos este tipo de prácticas legislativas e instamos a todas las diputaciones a rechazar esta moción. Desde ya, les solicitamos respaldar el veto presidencial y promover el archivo del Decreto Legislativo N.º 9909”, dijo Arroyo.
En octubre del 2020, el presidente Carlos Alvarado vetó ley la pesca de arrastre, alegando que no se contaba con un verdadero respaldo que garantizara la sostenibilidad de esta práctica.
El proyecto de ley vetado por Alvarado habilitaba al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) a entregar nuevas licencias a barcos semiindustriales para la pesca de camarón con redes de arrastre en el fondo marino.
La iniciativa también revivía las licencias para barcos de hasta 21 metros de largo por seis de ancho, luego de que la Sala Constitucional las suspendió en el 2013 por el grave daño ambiental que produce esa metodología.
No obstante, los jueces constitucionales dejaron la puerta abierta para reiniciar la práctica si se demostraba una salida sostenible.
“El análisis que hemos realizado revela que no existen suficientes elementos científicos y estudios técnicos que respalden la sostenibilidad de la pesca de camarón con la técnica de arrastre. Al no ser categórica la evidencia, debemos proteger al ambiente y a las poblaciones que se verían más afectadas”, justificó el mandatario en ese momento.
En tanto, la gerente de Marviva añadió: “La pesca de arrastre no es una alternativa para mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras; es una práctica que beneficia a unos pocos y pone en riesgo el sustento de la mayoría. Costa Rica debe impulsar alternativas productivas que sí generen progreso social y que sean social y ambientalmente sostenibles”.
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