Al ritmo de pago actual, el Gobierno cancelaría las compras de tierras para la creación de parques nacionales a los tataranietos de los propietarios.
Las obligaciones ya suman más de ¢107.000 millones, pero el Gobierno solo dispone de ¢1.000 millones anuales para invertir en la conservación de áreas.
A ese paso, el país tardaría 107 años en pagar a los dueños de tierras declaradas patrimonio natural, los cuales no pueden ser dedicados a ninguna actividad. El 2122 se asoma como la fecha para saldar las deudas por los parques actuales.
La estimación se deriva de un cálculo hecho por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), con base en avalúos de terrenos, valores tributarios del Ministerio de Hacienda y fallos judiciales emitidos con motivo de expropiaciones.
Eso quiere decir que el saldo podría variar en el futuro, no solo por la actualización de los valores de la tierra, sino también por los intereses que se generan por el atraso de los pagos.
La deuda se incrementó de ¢81.000 millones a ¢107.000 millones entre el 2008 y el 2015, principalmente por la inclusión de más territorios y por el aumento de intereses sobre precios fijados en litigio judicial.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), de las 710.000 hectáreas de área silvestre protegida, un 8% aún pertenece a propietarios privados.
Los parques con mayores obligaciones son Braulio Carrillo, con ¢27.000 millones; volcán Arenal, con ¢19.700 millones, y la reserva biológica Alberto Manuel Brenes, con ¢13.570 millones.
En cuanto al porcentaje de tierras no pagadas, destacan volcán Turrialba, la reserva Alberto Manuel Brenes y volcán Arenal, todos arriba del 45%.
Sin plata. Para el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, la principal razón de que la deuda haya subido es que los legisladores crean zonas protegidas, sin un componente económico que ayude a pagar las tierras.
Para cancelar lo antes posible, el jerarca planea recurrir a donaciones de costarricenses a título individual, luego del sector privado y, finalmente, de organizaciones internacionales.
Por regiones del país, la que tiene un mayor porcentaje de tierras protegidas no pagadas es la del Tempisque, con un 32%.
Allí, los parques nacionales con mayor cantidad de terreno adeudado son Barra Honda, con un 23%, y el Diriá, de reciente creación, con un 41%.
Detrás de Tempisque, le sigue la cordillera Volcánica Central, con un 20%; esta incluye los parques de los volcanes Poás, Irazú y Turrialba.
En este último caso, casi el 70% de la tierra de ese parque aún es privada y, para pagarla, se requiere un aproximado de ¢2.600 millones, por 872 hectáreas.
En cuanto a las áreas de conservación Arenal-Tempisque y Pacífico Central, en la primera se debe un 19% de las tierras, y en la segunda, un 10%. En Arenal-Tempisque está volcán Tenorio, por ejemplo; y en la del Pacífico, cerro de la Cangreja.
Algunos de los parques por los que ya no se debe nada o casi nada son Corcovado, Manuel Antonio y Tapantí.
Julio Jurado, director del Sinac, consideró que el proceso de pago es lento. Añadió que, por otra parte, la deuda es imprecisa porque las metodologías para valorar la tierra son diferentes.
Para acometer la deuda, el Minae creó una nueva Gerencia de Regularización del Territorio, con el compromiso de llevar a cabo el proyecto de pago de las tierras protegidas en manos privadas.