La Cancillería espera que llegue el 16 de diciembre, para de inmediato acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y, allí, reclamarle a Nicaragua una indemnización de más de $6 millones (¢3.240 millones) por los daños ocasionados en isla Calero, después de la invasión de octubre del 2010.
Ese día se vence el plazo de 12 meses que fijó ese alto tribunal en La Haya, Holanda, para que los dos países, por mutuo acuerdo, definieran el monto de la compensación financiera.
A falta de 23 días para que caduque ese periodo, la Cancillería da por sentado que no habrá tal acuerdo y que será necesario acudir, una vez más, ante la Corte, para hacer efectivo ese pago.
El canciller Manuel González afirmó que el gobierno de Nicaragua “ni por cortesía” respondió a la nota, del 7 de junio, en la cual se le comunicó que según estimaciones de la Fundación Neotrópica, los daños en isla Calero superan los $6 millones.
“Habíamos esperado que hubiera alguna reacción, que nos pidieran alguna información adicional, que nos sentáramos a aclarar cualquier duda, propio de un proceso de negociación y de entendimiento, según lo dispuesto por la Corte, pero lamentablemente nunca recibimos respuesta en ese sentido y no los podemos obligar a que nos la den”, dijo el titular de Relaciones Exteriores.
“La alternativa que nos queda, por lo que dispone la misma sentencia, es esperar al 16 de diciembre, que se cumple el año que fijó la Corte (…). El mismo 16 o el 17 de diciembre, muy próximo a esos días, presentaremos la misma documentación que se le envió a Nicaragua”, agregó.
Fue el 16 de diciembre del 2015, cuando la CIJ sentenció que el país vecino debía compensar a Costa Rica por los daños provocados en el extremo noreste de isla Calero, conocido como isla Portillos, en la provincia de Limón.
La Corte llevó a esa conclusión el mismo día en que reconoció la soberanía costarricense sobre ese territorio, la cual fue violada, con su accionar, por el gobierno de Daniel Ortega.
El cálculo. Durante un periodo de poco más de cinco años -desde octubre del 2010 y hasta el día de la sentencia- Nicaragua excavó tres caños y, por lapsos de tiempo, estableció presencia militar en algunas partes de Portillos.
Esas acciones ocasionaron una serie de daños ambientales, que Costa Rica estimó tienen un costo de más de $6 millones.
En esa suma, se incluyen las labores de mitigación que el país realizó en esa zona.
Por ejemplo, en la Semana Santa del 2015, Costa Rica inició la construcción de un dique para sellar uno de los caños artificiales abiertos en el 2013.
Ese canal pretendía desviar las aguas del río San Juan hacia el mar Caribe a través de territorio costarricense. Para evitar que eso ocurriera, el Gobierno tapó la entrada del conducto con sacos de arena, para evitar que se terminara de romper el humedal.
El canciller González espera que la Corte defina el monto de la indemnización en un corto plazo de tiempo, aunque afirma desconocer cuándo lo hará, pues los jueces no tienen un término para pronunciarse sobre el tema.
“No podría asegurar que esté definido en un año o seis meses, depende del ritmo de trabajo y de la prioridad que le dé la Corte a este tema. Hay que ser honestos, en el sentido de que ellos tienen otros casos bastante complejos que atender”, afirmó el jerarca.