Un proyecto de ley que va rumbo al plenario de la Asamblea Legislativa pretende que los consumidores paguen los experimentos que haga Recope sobre biocombustibles en aras de eliminar el uso de los derivados de petróleo.

Se trata del plan de Ley de Combustibles, expediente 20.641, el cual establece que Recope podrá utilizar el 0,15% de los dineros que generen las ventas de hidrocarburos para “investigar, producir, industrializar, transportar y comercializar biocombustibles, hidrógeno y otros combustibles renovables”.

La idea es que la compañía estatal, dueña del monopolio de los combustibles, incursione en energías renovables.

Si se consideran los ingresos de Recope del 2018, el subsidio ascendería a los ¢2.400 millones, confirmó Recope a La Nación.

El monto puede ser menor o mayor, según el precio internacional de los combustibles, la variable más inestable de la tarifa fijada.

El 28 de marzo, ocho diputados de la Comisión de Ambiente, excepto Erwen Masís, del PUSC, avalaron el texto que da estas nuevas potestades a Recope.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, una de las impulsoras, reconoció que corresponderá a los consumidores pagar para que Recope incursione en otras alternativas energéticas.

Las tarifas de los hidrocarburos tienen varios componentes, como el impuesto que recibe el Gobierno por cada litro de combustible. Según la diputada, el porcentaje que se asignaría a Recope para la investigación no reduciría ese tributo.

La propuesta de ley deja a interpretación cuál será la base para el cálculo y solo se especifica que “se faculta a la Recope a destinar hasta 0,15% de los recursos económicos de la fijación tarifaria de los combustibles”, la cual incluye todos los componentes.

Luis Carlos Solera, economista de la división de Estudios Económicos de Recope, reconoció que falta claridad en esa redacción, pero adujo que los porcentajes, por lo general, se refieren al total de ventas de la entidad.

También, confirmó que cualquier subsidio que se autorice legalmente vendría a encarecer el precio de los combustibles porque hay que cargarlo a la tarifa.

Recope debe justificar sus gastos a la hora de solicitar tarifas, sin calcular excedentes, ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Los consumidores de combustibles son los que usan el carro, los que cocinan con gas, los usuarios de transporte público y hasta los que pagan por electricidad porque en el país también se produce energía, en un pequeño porcentaje, a partir de hidrocarburos.

El proyecto lo presentó la administración de Luis Guillermo Solís Rivera en diciembre de 2017 y desde allí incluía el subsidio para la investigación de alternativas de combustible.

Sin embargo, en su propuesta inicial, no le establecía a Recope un tope de inversión, como sí lo aclara el último texto dictaminado.

Advertencias y monopolio

La mayoría de instituciones del sector público dieron el visto bueno a la propuesta, durante su proceso de consulta en el Congreso.

Sin embargo, en setiembre de 2018, la Aresep advirtió de que los subsidios cruzados son “incompatibles con el principio de servicio al costo” porque la fijación tarifaria solo reconoce los gastos que son necesarios para el servicio o el producto.

“Debe tenerse en cuenta que introduce subsidios cruzados incompatibles con el principio de servicio al costo establecido en el numeral 3 de la Ley 7593 de Aresep y con los principios de regulación económica”, señaló el regulador, Roberto Jiménez.

“Debe otorgársele la competencia a la Aresep para contemplarlo en la tarifa de combustibles fósiles sin perjuicio de las competencias diarias de Aresep sobre la materia (información contabilidad regulatoria instrumentos regulatorios fijación tarifaria, etc.)”, añadió el ente regulador.

Asimismo, Jiménez alertó que se debía incluir en este proyecto los principios de eficiencia económica, razonabilidad y proporcionalidad en la inversión. Este último señalamiento lo hizo cuando no existía un tope de inversión establecido.

Por su parte, un informe económico de Servicios Técnicos del Congreso señaló que, con el proyecto, "se mantienen las condiciones monopolísticas”.

“Se observa cierto interés de mantener en manos del sector público el control del mercado energético, pues las funciones y atribuciones que se asignan a Recope y al ICE los convierten en los líderes del mismo, aunque se permite el accionar del sector privado”, continúa.

“Aunque lo anterior es entendible desde el razonamiento económico por el interés público, y la importancia económica de los bienes relacionados con la operatividad del sistema económico, la iniciativa debería ser dirigida a la definición de un modelo funcional que valore las iniciativas privadas, no solo en dependencia de las instituciones señaladas”, señala el informe.

La iniciativa de ley también autoriza a Recope a suscribir alianzas estratégicas con entes públicos y privados, previa autorización de la Junta Directiva de Recope y de la Contraloría General de la República (CGR).

En el pasado, la Refinadora se alió, por ejemplo, con la firma Ad Astra para la producción de hidrógeno.

En este proyecto se desarrolló por cuatro años con una inversión de unos $2 millones hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) (abogado del Estado) advirtió de que Recope legalmente no puede incursionar en la producción e industrialización de energías alternativas a los hidrocarburos.

Con la legislación vigente, y según el mismo criterio de Procuraduría, Recope está autorizado a adquirir biocombustibles, pero solo para usar como oxigenantes en las mezclas que comercializa la institución.