La Asamblea Legislativa denunció al exdiputado Ronal Vargas ante el Ministerio Público por apropiación y retención indebida del teléfono celular que le habían asignado para el ejercicio de sus funciones propias de congresista.
El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, comentó que la queja fue presentada el 15 de abril, luego de que Vargas rechazara la petición del Directorio legislativo para que devolviera el aparato.
Se trata de un teléfono iPhone 5 que le entregaron con un plan mensual de ¢40.000, incluido en el monto de ¢161.000 que la Administración parlamentaria destina para gastos de teléfono, fax e Internet de cada diputado.
Ayales añadió que el plan, firmado con la empresa Kölbi (del ICE), era por dos años. Al término de ese contrato, el Congreso se puede apropiar del teléfono.
Salida. El 5 de febrero, Vargas renunció a la curul que obtuvo con el Frente Amplio presionado por las autoridades de esa agrupación a raíz de una supuesta queja por acoso sexual.
Al dejar sus funciones como legislador, Vargas se llevó el celular, aunque la Administración de la Asamblea canceló la línea telefónica de inmediato.
Anoche, el exdiputado explicó a La Nación que el aparato contiene pruebas que serían fundamentales en el proceso judicial por acoso, planteado por una funcionaria que trabajaba en su despacho.
“Ese teléfono lo tiene en custodia una abogada amiga, quien lo iba a entregar en custodia a las autoridades judiciales correspondientes”, dijo Vargas.
Según el excongresista, hay una presión inusual desde la Asamblea para que él devuelva el teléfono y, según él, perder las pruebas con que podría defenderse de la acusación.
“Me lo dejé como dos meses (el iPhone 5), hasta que me llegó una carta de la Asamblea y les respondí que era la única prueba que tenía, pero tampoco me entendieron. Las conversaciones están en el sistema operativo”, alegó Vargas.