Esta tarde, con seis votos a favor y tres en contra, la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el proyecto de reforma al empleo público, el cual incluiría a empleados públicos actuales y futuros dentro de un nuevo esquema de salario global.
A favor votaron los diputados Luis Fernando Chacón, David Gourzong y Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN); Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y la independiente Zoila Rosa Volio.
En contra votaron el socialcristiano Pedro Muñoz, el fabricista Jonathan Prendas y el independiente Dragos Dolanescu.
Ahora el proyecto pasará al plenario legislativo, donde todos los diputados tendrán dos oportunidades para proponer mociones de cambio, las cuales deberán ser revisadas de nuevo en comisión antes de que el plan entre a la agenda de primeros debates en el plenario.
El texto actual crearía el sistema de salario global, el cual consiste en otorgar a los funcionarios un sueldo único competitivo, sin necesidad de los numerosos pluses que disparan el gasto en el Estado y que desequilibran las remuneraciones entre instituciones.
Una norma del congresista socialcristiano Pablo Abarca establecería que el nuevo esquema cubriría a todo el sector público. Estarían incluidas instituciones autónomas como las universidades públicas, la CCSS y las municipalidades.
En cuanto a las empresas públicas en competencia como el INS y el ICE, el texto indica que se regirán “única y exclusivamente por los principios contenidos en esta ley”.
Por otra parte, la norma transitoria de Abarca, agregada al proyecto, podría generar un súbito impacto sobre las finanzas estatales, al permitir que los servidores actuales que ganen por debajo del futuro salario global emigren de inmediato al nuevo esquema, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley.
Todavía no existen estimaciones sobre el costo que tendría esa medida en momentos de crisis fiscal.
En el caso de los funcionarios que superen el futuro salario global, se les respetará su remuneración y, en adelante, solo recibirán ajustes por costo de vida, hasta que los alcance el global y emigren a este.
El texto fue dictaminado pese a las objeciones de los liberacionistas David Gourzong y Roberto Thompson, el socialcristiano Pedro Muñoz y el independiente Jonathan Prendas, quienes consideran que la reforma es insuficiente y que no resuelve en la integralidad las distorsiones del empleo público.
La definición del nuevo régimen de remuneraciones deberá ser definido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), cartera que queda fortalecida en cuanto a la rectoría sobre el empleo público establecida desde la reforma fiscal del 2018.
Pero será la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda la que establecería, con fundamento en estudios técnicos, los perfiles de puestos y los topes salariales pero solo de las jerarquías.
“La columna salarial la establece Mideplán. La Autoridad Presupuestaria solo fijaría los topes salariales de ese grupo específico de alta jerarquía, con fundamento en los topes de la ley de salarios”, explicó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
Así, entre esas jerarquías quedaría definido que el salario del presidente de la República sería el más alto.
Le seguirían, en el orden, los vicepresidentes de la República, ministros y viceministros, gerencias y subgerencias del sector descentralizados, los jerarcas de la Procuraduría General, la Contraloría General y la Defensoría de los Habitantes, directores de confianza y la oficialía mayor, y los rectores universitarios.
La reforma legal crearía ocho familias de puestos en la Administración Pública, lo cual fue criticado durante su discusión por la Procuraduría General de la República (PGR), que estimó que esa en ese aspecto la reforma todavía falla en concretar su aspiración de definir un régimen único de empleo en el Estado.
Esas familias serían profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, del Servicio Exterior y de confianza.
El texto, además, incorpora el principio de negociación de convenciones colectivas, lo cual permitiría a patronos y sindicatos a seguir negociando estos convenios que, en el pasado, crearon pluses salariales que hoy disparan el gasto.
Asimismo, crea el Sistema General de Empleo Público que estaría integrado por Mideplán, el Servicio Civil y las direcciones de recursos humanos de las instituciones.
En cuanto al fortalecimiento de la rectoría de Mideplán, esta cartera será la encargada de la gobernanza, planificación y organización del empleo público.
Por ejemplo, Mideplán “deberá establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público”, según el artículo 5 de la iniciativa.
Para realizar esas competencias tendrá que coordinar con el Servicio Civil como órgano técnico auxiliar.
Será al Mideplán el que defina los incentivos no monetarios para trabajadores que hayan cumplido con una calificación mínima de “bueno” o su equivalente numérico en la evaluación de desempeño, de acuerdo con el proyecto.
Por ejemplo, un 80% de la calificación anual se realizará sobre el cumplimiento de las metas definidas para cada funcionario. El restante 20% será responsabilidad de la jefatura o superior, según el artículo 27 de esa iniciativa.
El artículo 28 propone que la evaluación por desempeño será considerada para los ascensos, las promociones, los reconocimientos, las capacitaciones y los adiestramientos, así como la mejora del recursos humanos.
En cuanto a los incentivos remunerados por evaluación de desempeño, como las anualidades, solo se otorgarán a quienes tengan un salario compuesto.
También, recibirían el incentivo quienes hayan cumplido con una calificación mínima de “muy bueno” o su equivalente numérico, según el cumplimiento de metas y la evaluación de su superior.
El Ministerio de Planificación también administraría una plataforma integrada de empleo público, un registro centralizado de información estadística que permita caracterizar la situación del país en esa materia.
Las atribuciones a esa cartera fueron cuestionadas por el liberacionista Roberto Thompson y el socialcristiano Pedro Muñoz, quienes aseveran que debilita al Servicio Civil.
Ambos legisladores se comprometieron a presentar una nueva versión de proyecto, en borrador, que sería sometido a discusión en el diálogo dirigido por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
Ese foro había pedido a los diputados, días atrás, “valorar la posibilidad de no dictaminar en comisión, ni someter a votación en plenario, aquellos proyectos de ley que generan posiciones encontradas por parte de los diferentes sectores socio productivos, políticos y ciudadanía en general”.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), que integra esa mesa de diálogo, también pidió a los diputados no dictaminar el proyecto de reforma al empleo público, mientras los gremios elaboran sus propias propuestas en el diálogo multisectorial de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
El diputado socialcristiano Pablo Abarca dijo, al justificar su voto a favor del dictamen, que lo apoyaba con el fin de que el proyecto avanzara hacia el plenario legislativo, dado que llevaba casi año y medio de discusión en la comisión.
Sin embargo, adelantó que presentará un dictamen positivo de minoría con un texto suyo, el cual fortalece las competencias del Servicio Civil.
Al final su intervención, Abarca reprochó que se señalara el posible incremento del gasto en remuneraciones a través de la emigración inmediata al nuevo esquema, de los salarios que estarían por debajo del salario global.
“A mí me ha sorprendió hoy, por ejemplo, que la gente descubrió que el salario global va a aumentar el gasto los primeros años. Por supuesto que eso va a suceder. Así ha sucedido en todos los lugares donde se ha implementado, no sé cuál es la novedad. Por supuesto que también hay que regularla de la mejor manera en los transitorios y si puede ser perfectible lo haremos”, reaccionó Abarca.