El plenario legislativo, con 41 votos a favor y cero en contra, aprobó esta tarde la creación de una comisión que se encargará de recomendar si se le levanta, o no, la inmunidad al magistrado penal Celso Gamboa, para que afronte una acusación penal por presunto tráfico de influencias.
La comisión tendrá diez días hábiles para pronunciarse. La integran Marvin Atención (PAC), Edgardo Araya (FA) y Juan Luis Jiménez Succar (PLN), de los partidos con más curules.
La decisión fue tomada después de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, rechazó un recurso de recusación presentado por el magistrado penal Celso Gamboa, el cual pretendía impedir que los diputados tramitaran el levantamiento de su fuero.
Ramírez afirmó que el recurso de Gamboa es improcedente para un órgano político como el Congreso.
El magistrado pidió que los 57 legisladores se abstuvieran de conocer su caso con el argumento de que una gran parte adelantó criterio sobre él antes de que inicie el proceso para levantarle el fuero de la inmunidad.
No obstante, el jerarca legislativo afirmó: "Hemos estado analizando con algunos compañeros y la gente de Servicios Técnicos. Tenemos claros tres asuntos: la figura de recusación no existe en el Derecho parlamentario, todos los diputados pueden conformar cualquier comisión y cada uno de los criterios que se forman son políticos, no jurídicos; hoy a la hora pertinente vamos a hacer una moción para responderle al magistrado Gamboa sobre por qué rechazamos la recusación y, además, vamos a hacer una moción para que el rechazo de la recusación tenga 38 votos, eso es importante, por la fuerza que le daría la votación".
Esa decisión ya tenía un antecedente cercano, cuando el abogado del importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, exigió que los diputados integrantes de la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios se recusaran de emitir un informe sobre el caso del importador del cemento chino.
Con esta postura del jerarca legislativo, basada en la opinión de Servicios Técnicos, queda superado el bache que el magistrado penal suspendido intentó ponerle al frente al Congreso, antes de que se inicie, este lunes, el trámite para el levantamiento de la inmunidad de Gamboa.
El recurso de Gamboa llegó este lunes al Congreso, luego de que, el jueves, la Corte solicitó el levantamiento del fuero.
La razón por la que la Corte pidió a los diputados levantarle el fuero al magistrado es una causa por presunto tráfico de influencias en perjucio de la función pública.
El caso tiene que ver con una presunta acción de Celso Gamboa para eliminar el nombre del alcalde josefino, Johnny Araya, de un expediente judicial en el que se le investigaba antes de las elecciones municipales del 2016.
Gonzalo Ramírez explicó que, después de votar el rechazo a la recusación que presentó Gamboa, discutirán otra moción para nombrar la comisión que revisará si procede o no levantarle la inmunidad al magistrado.
En el reclamo que hizo el magistrado suspendido, él argumentó que al menos 40 congresistas ya adelantaron criterio al responderle al sitio web ameliarueda.com, que ellos votarían a favor de levantarle ese fuero y así facilitar que se le investigue.
Además de recusar a todos los parlamentarios, Gamboa pretende que sea la nueva conformación del Congreso la que, a partir de mayo, conozca de la petición para el levantamiento de su inmunidad.
“Solicito que al existir una nueva conformación de la Asamblea Legislativa (...) se reserve la decisión de la gestión para que sea dicha conformación la que escuche mis alegatos y garantice su imparcialidad para resolver lo que corresponda”, escribió Gamboa en el recurso presentado.
Aunque el presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, tenía previsto avanzar en la conformación de la comisión para que estudie la petición de la Corte, este lunes, envió la recusación planteada por Gamboa a estudio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, tal como el magistrado penal solicitó.
Cuando se recibe una solicitud de este tipo, planteada por la Corte Suprema, la Asamblea debe conformar una comisión con tres diputados designados por cada una de las fracciones más numerosas, órgano que da audiencia a acusadores y acusaso.
Luego de esto, esa comisión emite un informe, para lo cual no tiene un plazo fijado. Cuando el informe llega al plenario, se debe conocer en sesión privada y votar si se acepta el levantamiento de la inmunidad, o no.
La decisión que se tome se le debe informar a la Corte Suprema de Justicia.
En la carta enviada a Ramírez, Gamboa reclama que, por haber adelantado a los medios la forma en que votarían el levantamiento de su inmunidad, los legisladores han afectado en su perjuicio "la objetividad e imparcialidad que se esperaría de un órgano deliberativo serio como lo es la Asamblea Legislativa de un país democrático".
"La imparcialidad no es un tema que únicamente ataña a los tribunales de justicia, sino que la misma debe imperar en las actuaciones de todos los funcionarios públicos, pues así lo dispone el deber de probidad", reclama Gamboa.
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