Ya lo dijimos claramente, es simplemente un asunto de respeto a la Ley 8.660 (Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones).
Pero objetan el decreto que los obliga a informar, no solo a la Contraloría, sino también al Consejo de Gobierno.
Nosotros lo que siempre hemos dicho es que informamos de acuerdo con lo que la legislación indica. En ningún momento nos oponemos a informar en contra de la legislación costarricense. Nosotros tenemos un marco legal muy claro: la ley constitutiva del ICE, la Ley 449 y la Ley 8.660, que fue establecida cuando se dio la apertura. Nosotros nos sujetamos a lo que indica la ley.
¿Ustedes objetan parte del decreto o todo?
Si el decreto está, les corresponde a los tribunales determinar si es acorde con lo que establece la ley, entonces nosotros lo respetaremos al ciento por ciento.
¿Es solo que se revise si el decreto está acorde con la ley?
Sí, básicamente así es.
¿A qué los obliga la ley?
Eso fue acogido por los tribunales. Tenemos que respetar el derecho de los tribunales de analizarlo, queremos esperar que se haga el análisis y se llegue a las conclusiones que corresponden. No queremos adelantar ninguna opinión.
Pero ¿a qué consideran ustedes que están sujetos por ley? ¿Por qué creen que el reglamento no va con la ley?
Es lo que pedimos, que se analice en detalle y se determine si va más allá de lo establecido en la misma ley.
