El presidente Carlos Alvarado revisará la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial a la luz de los tratados internacionales de lucha contra los estupefacientes que Costa Rica ha firmado.
Así se lo comunicó el Gobierno a la Asamblea Legislativa, luego de que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), le solicitó al país información sobre el proyecto de ley en trámite para verificar que cumpla con los convenios de fiscalización de drogas.
La JIFE le recordó al Poder Ejecutivo una circular emitida en el 2014, en la que se señalan los cuidados que los Estados parte deben tener, según los tratados, con la fiscalización del cannabis con fines médicos.
En consecuencia, la ministra de la Presidencia les comunicó a los diputados: “Se ha considerado oportuno hacer de conocimiento de ustedes la comunicación recibida y, a su vez, señalar que, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como instancia técnica, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como rector en materia de política exterior y seguimiento de las obligaciones internacionales, darán respuesta oportuna y se rendirá el informe sobre los alcances de cumplimiento del país según el texto aprobado y en función de los compromisos internacionales que el país ha asumido en la materia”.
El requerimiento de información de la JIFE surge justo cuando los diputados se mantienen a la expectativa de si el presidente aprobará o vetará la ley.
Al respecto, la ministra de la Presidencia dijo: “Resulta importante reiterar que el Poder Ejecutivo, desde octubre del año 2020, señaló a la Comisión Permanente Especial de Ambiente que el texto en discusión debía ser conforme con los instrumentos internacionales suscritos por el país, para evitar roces de constitucionalidad y legalidad.
“Lo anterior, particularmente en cuanto al control establecido en dichos instrumentos sobre el tetrahidrocannabinol (THC), así como lo estipulado en relación con el cultivo de la planta cannabis en sus diferentes variedades, resaltando la imperiosa necesidad de que el proyecto de ley se apegue a las definiciones y nomenclatura que rigen toda la normativa internacional”, informó Presidencia al Legislativo.
Según Dinarte, el Gobierno ha expresado su apoyo a la iniciativa; sin embargo, se debe aclarar estos puntos para que la lay salga blindada del Congreso.
Este 13 de enero los diputados aprobaron el proyecto con 29 votos a favor y 10 en contra, antes de la votación, los legisladores presionaron al presidente Alvarado, para que la convierta la iniciativa en ley estampando su firma.
No obstante, fue el mismo Poder Ejecutivo el que convocó la propuesta a la agenda de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
La ley fue aprobada de forma definitiva luego de que el Legislativo recibiera el voto de la Sala Constitucional sobre la consulta facultativa que plantearon diputados opositores al proyecto. Los magistrados no comprendieron las consultas planteadas por los diputados opositores al cannabis medicinal.
El plan se centra en autorizar la producción de las plantas de cannabis, tanto las que tienen alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC), para uso medicinal y terapéutico, como las que tienen bajo THC, como el cáñamo, de múltiples usos industriales.
La idea de los legisladores es generar reactivación económica mediante la apertura de una nueva actividad productiva.
