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El presidente electo, Carlos Alvarado, evalúa la posibilidad de sacar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Casa Presidencial.
Una opción, dijo, es trasladar a este cuerpo policial al Ministerio de Seguridad Pública, siempre con la función de llevar a cabo labores de inteligencia.
Sobre la cabeza de la DIS, Alvarado adelantó que Mariano Figueres Olsen no continuará al frente.
Agregó que su futuro director tendrá la tarea de replantear la ruta de la DIS y modernizarla acorde con las necesidades del país en inteligencia y seguridad.
"Tenemos que mantener la función de inteligencia, pero llevar adelante la transformación para que se delimite esa acción", recalcó.
"Estoy explorando la idea de que sea una función en (el Ministerio de) Seguridad Pública, bien reglamentada. Existe también un proyecto de ley, que tendrían que verlo los expertos, en cuenta Michael Soto, nuestro futuro ministro de Seguridad, para determinar cuál es la mejor ruta", agregó.
"A la larga, lo que necesitamos es, sin perder las posibilidades que da la inteligencia para la defensa de la ciudadanía, dar la garantía a la ciudadanía de que los instrumentos se utilizan por las vías democráticas, en un contexto en que hay crimen organizado, el narcotráfico u otro tipo de delitos, como el lavado de dólares o la corrupción", dijo el mandatario electo.
Alvarado no titubeó al afirmar que él no piensa cerrar la DIS, al tiempo que se esmeró en dejar claro que la ve operando en el cumplimiento de labores de inteligencia exclusivamente en el área de seguridad y crimen organizado, y no en ningún otro ámbito.
En el Congreso, el gobierno actual promovió un proyecto para transformar la DIS en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN), pero esa iniciativa levantó las críticas, principalmente, de la Defensoría de los Habitantes, que consideró que la reforma le daría potestades violatorias de los derechos humanos.
Del archivo:
¿Cómo funciona?
La DIS fue creada mediante una reforma a la Ley General de Policía, en 1994, como "órgano informativo del presidente de la República, en materia de seguridad nacional".
El artículo 13 de esa normativa solo indica que el cuerpo funcionará bajo el mando exclusivo del presidente, quien podrá delegar en el Ministerio de la Presidencia "la supervisión del cumplimiento de las funciones de este cuerpo policial".
Presupuestaria y administrativamente, la DIS depende de ese ministerio.
Desde su fundación, la Dirección ha estado envuelta en polémicas, incluidas acusaciones de ser una policía política dedicada a espiar a las figuras de la oposición del gobierno de turno.
La DIS envió al Registro Civil, por ejemplo, una anotación sobre un periodista de origen brasileño radicado en Costa Rica, cuando tramitó su nacionalidad costarricense.
Durante el Gobierno pasado, la DIS estuvo en la picota cuando se reveló que la presidenta Laura Chinchilla viajó en un jet privado propiedad de un empresario cuestionado en Colombia por presuntos nexos con carteles del narcotráfico. La noticia provocó la caída de Mauricio Boraschi, director de la DIS, por no haberlo advertido.
Y, durante el periodo actual, también se revelaron errores de esa agencia de inteligencia, pues no avisó al presidente Luis Guillermo Solís sobre el perfil del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, quien se reunió con el mandatario antes de que ambos se vieran envueltos en el escándalo de supuesta corrupción del actual gobierno, el caso del cemento chino.
Mariano Figueres también ha sido cuestionado por otras de sus actuaciones como director de la DIS, entre ellas, por haber espiado a empleados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en una investigación por presuntos casos de corrupción con conexiones ilegales de agua.
También, por haber gestionado directamente con la Dirección General de Migración y Extranjería la visa de ingreso al país para ciudadanos sirios, a pesar de que las personas de esa nacionalidad tienen acceso restringido al país.
