El Gobierno de Canadá anunció este miércoles sanciones migratorias y económicas contra 15 altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, incluidos una hija del mandatario, jerarcas de instituciones, comisionados policiales, diputados sandinistas y altos funcionarios judiciales y electorales.
La medida es una respuesta a “las continuas violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, según comunicó el ministro de Relaciones Exteriores del país norteamericano, Marc Garneau.
“Desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha cometido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la supresión de cualquier oposición política”, indica un comunicado de prensa divulgado por la embajada canadiense en San José.
El castigo impide el ingreso de los funcionarios a Canadá y el congelamiento de activos dentro de ese país, en caso de que los sancionados posean bienes.
A los canadienses les prohíbe realizar transacciones con esos funcionarios, dentro y fuera de su país.
En la lista de sancionados figuran la hija de Ortega y Rosario Murillo, Camila Ortega; el ministro de Hacienda, Iván Acosta; y el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes.
También los comisionados generales de la Policía Nacional, Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Antonio Valle y Fidel de Jesús Domínguez Alvárez.
La lista continúa con Ana Julia Guido, fiscala general; Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; y Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral.
Por el lado de la Asamblea Nacional, Canadá castigó a Edwin Castro, jefe de bancada del Frente Sandinista; y a Wálmaro Gutiérrez, diputado de la misma fraccion y presidente de la comisión Económica del foro legislativo.
La lista la completan José Mojica Mejía, señalado de ser testaferro de los negocios de la familia gobernante; y el general de brigada del Ejército de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Balladares.
Rodríguez Balladares también dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). Todos los 15 castigados por Canadá este miércoles ya han sido sancionados por Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado, a pesar de los llamados de Canadá, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y socios internacionales, el Gobierno de Nicaragua se ha negado realizar reformas para garantizar elecciones libres en noviembre próximo.
“En cambio, el Gobierno de Nicaragua ha intensificado sus ataques contra los derechos civiles y políticos y ha arrestado arbitrariamente a más de 20 figuras destacadas de la oposición y posibles candidatos presidenciales desde junio de 2021″, señala la información.
Al comunicar las sanciones, el gobierno canadiense demandó la liberación de los seis aspirantes presidenciales “arrestados, encarcelados o detenidos arbitrariamente”, según señaló.
Del mismo modo, pidió la liberación del resto de presos políticos, “el fin de la detención y el hostigamiento de los medios de comunicación independientes y los actores de la sociedad civil”.
“El Gobierno de Nicaragua debe garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda la ciudadanía de conformidad con el derecho internacional y su propia Constitución”, urgió.
Los castigados este miércoles se suman a otra lista de sancionados en junio del 2019 por Canadá.
Ellos son el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la exministra de Salud, Sonia Castro; el ministro de Transporte en Infraestructura, Oscar Mojica; y el director de telecomunicaciones, Orlando Castillo, quien falleció en 2020 en el contexto de la pandemia.
En esa ocasión también fueron castigados Rosario Murillo, el hijo de esta y Ortega, Laureano Ortega; el feje de la Policía Nacional, Francisco Díaz; el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; y el asesor en seguridad nacional de Ortega, Néstor Moncada Lau.
