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Con una ajustadísima votación en el plenario, los diputados le dieron el primer debate al proyecto de ley que autoriza el patrocinio de marcas de licores a los equipos y las actividades deportivas.
La iniciativa recibió el aval legislativo de 20 congresistas, mientras que 19 de los presentes votaron en contra. Los votos favorables fueron de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Partido Acción Ciudadana (PAC), el del Republicano Social Cristiano (PRSC) y un independiente.
Los votos negativos fueron de cinco congresistas de Restauración Nacional, tres del bloque independiente Nueva República, seis del PAC, uno del Frente Amplio, uno del Partido Integración Nacional (PIN), uno del PUSC y dos de legisladores independientes.
El plan revive una propuesta del socialcristiano Erwen Masís que se había aprobado a finales del 2020, pero fue consultada a la Sala Constitucional, donde se detectó un vicio en el trámite legislativo, lo cual sepultó el expediente.
El nuevo proyecto, aprobado este martes, fue presentado por María José Corrales y Roberto Thompson, del PLN, con el objetivo de rescatar la propuesta de Masís.
Se trata de una reforma al artículo 12 de la ley 9047 (Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico), específicamente en el párrafo segundo, en el que ahora dirá:
“Se permite la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en todo tipo de deporte, por parte de empresas públicas o privadas productoras, comercializadoras o distribuidoras de estas bebidas”, dice la redacción.
La publicidad podría ser de las marcas o nombres de bebidas en publicidad relacionadas con los deportes o en vallas publicitarias en estadios y gimnasios, uniformes, medios de transporte de los equipos y artículos deportivos.
Eso sí, el plan prohíbe ese tipo de patrocinio de marcas de licores en uniformes deportivos de las ligas menores. A su vez, la iniciativa obliga a la creación de un fondo nacional para el financiamiento de los deportes de alto rendimiento, administrado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
Los recursos que nutrirán ese fondo provendrán de transferencias y donaciones de instituciones públicas, además de un impuesto del 8% sobre la publicidad, propaganda y patrocinios de marcas de bebidas alcohólicas.
El dinero del fondo se repartirá entre el Comité Olímpico Nacional (CON), los comités cantonales de deportes, el Comité Paralímpico Nacional y el Icoder, con el fin de que este último elabore y ejecute acciones para prevenir la violencia intrafamiliar.
El oficialista Enrique Sánchez dice que decidió votar en contra luego de haber hecho una amplia reflexión, pues aunque aumenta los recursos para financiar todos los diferente deportes, no pudo dejar de atender varios criterios del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
“Señalan que, si bien no es el licor el que provoca el aumento de violencia contra las mujeres y los niños, sino el machismo, el patriarcado, el licor sí es un factor de riesgo que aumenta las probabilidades de violencia. El proyecto no contiene la suficiente salvaguarda para proteger a las mujeres y los menores de edad de la violencia”, dijo.
En cambio, Thompson cree que el plan abre las puertas a una posibilidad real para que empresas productoras de este tipo de bebidas ingresen en el mercado de apoyo al deporte en términos generales.
“Contempla ingresos para conformar el fondo para financiar atletas de alto rendimiento, que ha sido uno de los grandes retos del país, incluso en ciclo olímpico, y que dependen del apoyo del Gobierno de turno. Apoyaría al deporte en general”, argumentó.
Masís, quien había realizado la propuesta original, dijo que esta aprobación es muestra de que se pueden sacar proyectos difíciles y de que se puede reactivar la economía, aunque sea puntualmente con sectores.
“Hay que hacer un gran esfuerzo para lograr la aprobación en el segundo debate”, apuntó.
