El Banco Central de Costa Rica (BCCR) les recomendó a los diputados prohibir las tasas piso y los castigos por pagos adelantados en los créditos que se otorguen a empresas afectadas por la pandemia, en el marco del proyecto de creación del fondo de avales.
Este plan pretende crear un fondo de avales, con dinero público, que otorgue garantías de respaldo a unas 18.000 compañías para que puedan acceder a préstamos bancarios, a fin de proteger el empleo.
Ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, la Junta Directiva del BCCR insistió en “incluir como requisito para el otorgamiento de avales que el intermediario financiero no pueda establecer, en los créditos beneficiarios de un aval, tasas de interés ‘piso’ o castigos por prepago”.
Actualmente, algunos préstamos comerciales tienen una tasa “piso” que impide a los deudores disfrutar de una rebaja en sus cuotas si la tasa de referencia tiene una disminución significativa.
En marzo del 2020, La Nación publicó que la fuerte baja que experimentaban las tasas de interés no significaba un alivio económico para todos los deudores, pues casi 700.000 operaciones de crédito (el 11,4% del total) tenían un interés piso.
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La situación incluso ha llegado a los estrados judiciales. En agosto del 2020, por ejemplo, la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José anuló la tasa piso del 8% para un crédito para vivienda de ¢103 millones otorgado por el Banco Nacional.
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En este tercer criterio sobre el proyecto de ley del fondo de avales, el BCCR también solicitó prohibir los castigos a los deudores por hacer pagos por adelantado que les permitan salir más rápido de sus obligaciones crediticias.
Asimismo, el Banco Central sugirió incluir mejoras en condiciones de pago, como extensiones de plazo y reducción en las tasas de interés, al tiempo que señaló la necesidad de establecer sanciones ante incumplimientos de intermediarios y deudores.
El fondo de avales beneficiaría a un porcentaje cercano al 20% del parque empresarial, enfocándose en empresas afectadas por la pandemia.
El dinero para las garantías, por unos ¢180.000 millones, provendría de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el Gobierno.
Las empresas solicitantes deberán acreditar una afectación en su producción debido a la pandemia, y tendrán que mantener su planilla.
El plan consiste en que estas compañías puedan solicitar créditos bancarios y que, como respaldo, el Fondo les emita una garantía que cubra hasta el 70% de la deuda en caso de que no puedan responder por él.
Las operaciones estarían respaldadas por 15 años, según la propuesta.
Sobre el porcentaje del aval, el BCCR sugirió que esa garantía cubriera un monto más bajo.
“Una cobertura del 60% del crédito representa un enorme apoyo para los intermediarios financieros, pero, a la vez, reduce el riesgo moral en la utilización de los avales y aumenta los incentivos para que los intermediarios financieros realicen todas las gestiones posibles para la recuperación de los créditos morosos, en beneficio de los contribuyentes”, señaló el BCCR.
Esta versión del expediente 22.144 es el tercer intento del gobierno de Carlos Alvarado para aprobar el plan, contemplado dentro de las acciones de reactivación económica en el marco de la crisis sanitaria.
Riesgos fiscales
En su criterio, el BCCR advirtió a los diputados sobre los riesgos fiscales de obligar al Ministerio de Hacienda a depositar, en un solo tracto, su aporte de ¢180.000 millones al Fondo.
El Banco Central considera innecesario inyectar esa cantidad de recursos en un solo año, pues no todos los créditos se colocarán al mismo tiempo.
Además, esa obligación incrementaría el gasto del Gobierno Central en cerca de un 0,50% del producto interno bruto (PIB), según estimaciones del BCCR.
“En el contexto del esfuerzo de consolidación fiscal que debe hacer el país, esa disposición compromete sustancial e innecesariamente la capacidad de alcanzar el ajuste fiscal contenido en el acuerdo a nivel del personal técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y podría poner en riesgo también la posibilidad de cumplir con las restricciones impuestas por la propia regla fiscal”, advierte.
Por ello, propone que el aporte del Gobierno para constituir el fondo de avales se haga en tractos anuales.
Otro de los riesgos es el tipo de cambio, pues el proyecto dispone que los créditos podrán ser en moneda extranjera o nacional, aunque el Fondo está constituido en colones.
Entre otras sugerencias, el BCCR estimó pertinente despolitizar el consejo rector del fondo de avales, pues la redacción actual incluyó que dicho consejo estaría integrado por tres ministros de gobierno y dos expertos.
Inicialmente, el texto pretendía conformar el Consejo con el Ministerio de Hacienda y dos expertos técnicos.
“Se considera que la propuesta de que el consejo se constituya por tres representantes de ministerios es incoherente con el carácter técnico, no político, de las decisiones que debe tomar dicho órgano. Es imprescindible contar con una mayoría de miembros que sean independientes, posean una formación técnica idónea y conocimiento del sistema financiero, con el fin de que puedan tomar decisiones basadas en la ciencia y la técnica”, argumentaron las autoridades del BCCR.