El llamado consta en una carta de cuatro páginas enviada este miércoles 13 de junio por el canciller a Tovar. La envió después de que el Gobierno decidió asumir la labor de atracción de inversión extranjera, al romper el convenio con la Agencia Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
Esa labor fue encargada a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), ente público de carácter no estatal.
El canciller le escribió a Manuel Tovar que, si bien el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) está encargado de dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera, “el ejercicio de esta competencia no puede desconocer la rectoría política del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ni puede excederse a otros asuntos de orden internacional que están fuera del ámbito de competencia que le fue delimitado legalmente”.
De hecho, mencionó que están bajo la misma rectoría Procomer y el Ministerio de Planificación (Mideplán) en cuanto al manejo de la cooperación internacional.
En la misiva, André le reseña a Tovar que el marco constitucional y legal le encomienda a la Cancillería la tarea de formular la política exterior del país en orientación de las relaciones internacionales y que, de acuerdo con la Sala Constitucional, esta materia comprende actividades vinculadas al intercambio político, comercial o de cualquier otra índole entre los Estados y otros sujetos de derecho internacional.
Además, dice el documento, un reglamento del Gobierno definió al Ministerio de Relaciones Exteriores como rector del Sector Estratégico Gubernamental Acción Exterior.
André Tinoco expuso que, desde la Cancillería, “hacemos un respetuoso llamado a resguardar las competencias y atribuciones que cada órgano estatal ostenta en la conducción de las relaciones internacionales y de las competencias y atribuciones de la Rectoría del Sector Estratégico Gubernamental Acción Exterior”.
Según la carta, la rectoría incluye “dirigir y coordinar un conjunto de órganos y entes de la Administración Pública, con propósitos y competencias afines a la actividad estratégica gubernamental que les ha sido encomendada por Ley o por el presidente de la República, con el propósito de orientar y supervisar la ejecución de políticas públicas que conduzcan -coherentemente- el accionar del Poder Ejecutivo hacia un fin público específico”.
Por ello, “apartarse de tales preceptos, fragmenta la unidad de acción y voluntad del Estado en el orden internacional y, consecuentemente, compromete las relaciones bilaterales y multilaterales del país con los demás sujetos de Derecho Internacional, desatiende la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente y aplicable en la materia, en detrimento de las directrices que ha definido el propio presidente de la República sobre el particular”, señala el canciller.
El objetivo del llamado, agrega, es fortalecer la institucionalidad pública vinculada a la materia, generar mecanismos adecuados de articulación institucional, representar y proteger adecuadamente los intereses de la República en los asuntos exteriores y contribuir a la consecución de los objetivos del actual gobierno.
“Todo con plena observancia de los medios oficiales e idóneos para tales propósitos y de los usos y costumbres internacionales”, finaliza el llamado.
