Durante una comparecencia ante la Comisión sobre Huelgas del Congreso, el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, afirmó que la razón por la que hubo una huelga de 89 días contra la reforma fiscal es la misma que motiva a la gente en redes sociales, que está llamando a realizar golpes de Estado o un llamado a la lucha armada.
La respuesta de Albino Vargas atendía a una pregunta del diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, proponente de la reforma al Código de Trabajo para frenar los abusos de las huelgas.
La consulta de Benavides, presidente del foro sobre las huelgas, tenía la intención de que Vargas hablara sobre los bloqueos y explicara si los considera delitos o no.
(Video) Albino Vargas: ‘Hay gente en redes sociales llamando a golpe de Estado y a lucha armada’
“Hay una cultura del bloqueo en este país, que se hace sin que un sindicalista diga: hágase. Una comunidad cierra una carretera y de inmediato aparecen los jerarcas para atender las demandas de esa comunidad”, dijo Vargas.
Añadió que los bloqueos “son hechos sociales, reales, producto de una sociedad en que la mayoría siente que se está quedando excluida”.
En ese punto, Albino Vargas, como vocero de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del colectivo sindical Patria Justa, les dijo a los legisladores que hay distintas formas de lucha social actualmente.
Agregó que deberían revisarlas, porque “hay una distancia creciente entre el gobernante y el gobernado”.
Esa distancia, dice el sindicalista, se manifiesta en la negativa a escuchar, pese a que la Constitución Política establezca que Costa Rica es una democracia participativa.
En ese punto, adujo que si bien no es partidario de “esas cosas”, en redes sociales hoy existen ciudadanos llamando a las armas.
“¿Por qué hay costarricenses hablando de que se ocupa un golpe de Estado en Costa Rica?, ¿por qué hablan de que se requiere de la lucha armada y están planteando estudiar el concepto de la desobediencia civil?”, les dijo Albino a los congresistas.
De inmediato, justificó que esos fenómenos se están dando porque “los ciudadanos comunes sienten que hace tiempo nuestros gobernantes no escuchan”. Alegó que en cambio, los “intereses corporativos de alto vuelo" sí son escuchados.
“Esta huelga duró tantos días como el Gobierno quiso que durara, hubo una cerrazón al diálogo. Nunca hubo la mínima intención de quitarle una coma al combo fiscal”, expresó el vocero de la ANEP.
‘Es una revancha, un cobro político a la clase trabajadora’
En cuanto al proyecto de Ley 21.049 para reformar el capítulo de Reforma Procesal Laboral en el Código de Trabajo, Albino Vargas aseguró que se trata de una revancha, un plan para “hacerle un cobro político a la clase trabajadora organizada en sindicatos”.
El líder sindical manifestó que el proyecto se empezó a redactar antes de que terminara la huelga y criticó que se trate de tramitar en un momento social “muy enrarecido”, en que la sociedad está muy “polarizada”.
“Es vengativo, revanchista, subjetivo, intempestivo por la huelga contra la reforma fiscal”, puntualizó Albino Vargas.
En cuanto a puntos específicos del plan, el abogado Esteban Calvo, también de la ANEP, apuntó que reducir los tiempos para la defensa en procesos de calificación de huelgas, tal como propone la enmienda, parte de una premisa “ingenua” de que el problema de mora está en las normas.
Más bien, alegó, se trata de moras judiciales que no solo afectan ese tipo de procesos, sino todos los demás que están en tribunales y, por tanto, cree que no se soluciona con reducir los tiempos en la ley.
Adujo Calvo, al igual que los sindicatos de la educación, que obligarlos a reformar sus estatutos para disponer de un correo electrónico es una violación de la discrecionalidad sindical para reformar sus normas internas.
Agregó que implementar el modelo de prohibir la huelga en servicios esenciales es perjudicial y solo podría potenciar sus efectos adversos.
Dijo el abogado que sancionar a un sindicato por las actuaciones delictivas de uno de sus miembros podría terminar criminalizando la protesta social, lo que consideró un problema de técnica legislativa.
