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El sector agrícola presiona a los diputados para que revivan el proyecto de ley que reduciría las zonas de protección de las nacientes de agua, pese a que la Sala IV declaró inconstitucional esa reforma.
Se trata del plan para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17.742), aprobado en primer debate en marzo del 2014, pero objetado por los magistrados en agosto.
Dirigentes del agro apoyaron la iniciativa porque los artículos 29 y 30, así como el transitorio 11, disminuirían de 200 metros a 20 metros de radio la zona intocable alrededor de las fuentes de agua.
Los agricultores introdujeron esa modificación en el plan que llegó al plenario por la vía de la iniciativa popular para ampliar sus zonas de cultivo.
Los diputados pueden aprobar el proyecto tal como está, pese a la objeción, o modificarlo.
Para Guido Vargas, secretario general de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), la iniciativa carece de balance sin la reducción de las áreas de protección. Por eso, sostienen reuniones con las fracciones políticas.
“Hay una posición, más que de UPA, de la Alianza Nacional Agropecuaria. Nosotros participamos en las negociaciones y estuvimos de acuerdo con este proyecto”, dijo Vargas.
Ahora, este sector no solo pide reducir las zonas de resguardo, sino que exige sacar al artículo 32, que obligaría a reforestar o dejar que se recuperen naturalmente las áreas de protección que perdieron bosque.
Según Guido Vargas, eso paralizaría la producción agropecuaria de pequeños y medianos productores que tengan fincas pequeñas con cuerpos de agua.
El futuro del proyecto por ahora es incierto, aunque la discusión se ha tornado otra vez polémica, en los últimos días, pues se trata de una iniciativa cuyo plazo se venció en el 2014.
Tras la declaratoria de inconstitucionalidad, el plan estuvo en un limbo sin que los diputados decidieran qué hacer.
Aunque los legisladores podrían ignorar la advertencia de la Sala por el fondo del proyecto (no así si es de trámite), el criterio de los congresistas se debate entre modificarlo o archivarlo.
La Ley de Iniciativa Popular permite que el pueblo pueda fijarles a los diputados plazo para aprobar un proyecto de ley de interés nacional, si tienen el apoyo del 5% del padrón.
Ese plazo es de dos años, que se interpreta como de cuatro años, al quitar a cada año los seis meses del periodo en que el Gobierno controla el Congreso y decide cuáles iniciativas avanzan.
“(Lo aprobaremos) siempre y cuando se cumpla y se cambie lo que la Sala declaró inconstitucional, si se acata lo que nosotros recomendamos”, dijo Edgardo Araya, también del FA.
La Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) no le ven mucho futuro al expediente, tal como está.
“Si tenemos que votar la ley como está, la votamos en contra; si hay posibilidad de que se corrija, estamos anuentes a estudiar el caso; si se archiva, hay que preparar un proyecto de ley con las correcciones correspondientes”, dijo Johnny Leiva, de la Unidad.
Julio Rojas, del PLN, coincide con que no se apruebe. Confirmó que esa es la posición de la fracción liberacionista. Acotó que “afecta a quienes tienen parcelas o fincas pequeñas y las aguas ya reglamentadas les podrían inmobilizar la producción”.
En medio de la polémica, el Gobierno también presiona, por medio de Acueductos y Alcantarillados (AyA), para que el plan avance, bajo la promesa de eliminar los artículos inconstitucionales.
Por su lado, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) se opone, no solo por la disminución de funciones incluida en la nueva legislación, sino también porque “se reduce, de manera considerable, la participación ciudadana” que proponía el plan original.
Así se refirió a la iniciativa Carlos Romero, jefe de Investigación y Gestión Hídrica del Senara ante los diputados.
La fracción de Acción Ciudadana (PAC) anunció el lunes anterior que buscará el diálogo para impedir el archivo del plan de ley. “Este proyecto es especial porque se tramita por iniciativa popular”, dijo Nidia Jiménez, subjefa de la fracción oficialista.
Para Henry Mora, es urgente una ley moderna para garantizar el suministro de agua.
