San José
Los diputados que representan a los cantones de Guanacaste y Alajuela, las provincias más afectadas por el terremoto de hace un año en Nicoya, aun extrañan la ayuda para aquellas familias que perdieron sus casas producto de la fuerza de la naturaleza.
A julio pasado habían 82 escuelas públicas y más de 500 casas de habitación pendientes de reconstrucción.
El diputado Luis Antonio Aiza, representante de Guanacaste por el Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que la mayoría de los centros educativos que aún tienen secuelas del terremoto de 7,6 grados magnitud momento (Mw) se ubican en Nandayure.
Retrasos. En cuanto a la construcción de las nuevas casas para los habitantes damnificados, Aiza manifestó que la burocracia ha impedido una ayuda más rápida para las familias.
"La municipalidad ha tenido que actuar para construir las casas. Aquellos casos que dependen de un bono son los que han tenido mayores retrasos. Yo calificaría la intervención del Gobierno en Guanacaste con una nota de 70 u 80", aseguró.
Por su parte la diputada Yolanda Acuña, encargada de velar por el sector municipal en la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que esa divisa lleva acabo una investigación para determinar a qué se debe la lentitud con la que llega la ayuda para las familias que perdieron todo en el terremoto.
"No tenemos claridad de la cantidad de millones de colones que se han girado para la provincia. Lo que sí sabemos es que hay retrasos considerables que podrían generarse en la incapacidad de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), o en que las tareas han sido delegadas a municipalidades con una muy baja capacidad de gestión", sostuvo.
En materia de infraestructura pública, Aiza destacó que también está pendiente la restauración del templo colonial de Nicoya, tarea que contará con ¢38 millones para lo que resta del 2013 y con un presupuesto de ¢180 millones para el 2014.
La legisladora guanacasteca María Ocampo, también del PLN, indicó que la mayoría de los recursos destinados por el Gobierno para ayudar a su provincia tras el terremoto se han invertido en Nicoya.
Empero, reconoció que en materia de infraestructura pública, como carreteras y caminos vecinales, el Poder Ejecutivo intervino de manera oportuna y rápida en todas aquellas comunidades de la provincia que sufrieron las consecuencias del terremoto más fuerte en la historia del país.
Sarchí, historia similar. El panorama no es distinto en las comunidades de los cantones alajuelenses de Sarchí y Grecia, donde el sismo golpeó con especial saña a varias localidades.
Danilo Cubero, diputado del Movimiento Libertario que habita en Sarchí sostuvo que fue uno de los actores políticos que tuvo que presionar por la declaratoria de emergencia nacional para agilizar las ayudas.
Aún así, dijo, los recursos que destinó la CNE para atender la emergencia no alcanzarían por lo que está considerando una nueva intervención para que el Poder Ejecutivo gire dineros adicionales al comité local de emergencias.
"El cantón ha gozado de una muy buena organización, pero la plata que nos giraron no ha alcanzado. Necesitamos que las ayudas para las familias que perdieron sus casas pasen de ¢4 millones a por lo menos ¢6 millones", indicó.
Su vecina, Julia Fonseca, congresista del PLN, indicó que en el cantón de Grecia la única obra pendiente es la reubicación del cementerio de la localidad.
"Sé que ya se han adquirido fincas para ubicar a varias familias damnificadas. Mi función ha sido más que todo de intermediaria con la CNE, que ha hecho varias visitas al cantón".
Fonseca, al igual que la mayoría de diputados consultados, alegó desconocer el monto total de la inversión realizada por el Poder Ejecutivo tras el sismo.
El argumento que se repitió para justificar tal desconocimiento fue que los recursos eran trasladados directamente a las municipalidades de los cantones afectados.
Las pérdidas totales que dejó el terremoto de Nicoya se estiman en más de ¢22.360 millones.