Un total de 57 cantones tienen varados los planes reguladores con los que pretenden ordenar el desarrollo de sus territorios.
La situación obedece a que la Sala Constitucional congeló un decreto ejecutivo, aprobado en setiembre del 2015, que permitiría agilizar y abaratar los trámites para crear los planes reguladores de los municipios, los cuales marcan la cancha sobre dónde y cómo construir.
Los magistrados tomaron la decisión ante una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del decreto 39.150- Minae-MAG-Mivah-Plan-Tur.
Según palabras del consultor ambiental, Allan Astorga, quien fue uno de los quejosos que presentó la acción, esos artículos excluyen de la elaboración de los planes “información ambiental importante como el tema de amenazas naturales y capacidad de uso de la tierras”.
La acción la presentó, en diciembre, junto con el abogado ambientalista Álvaro Sagot.
Según Astorga, el decreto permite a los municipios utilizar una metodología diferente a la que fue aprobada en el 2006 (contenida en el decreto ejecutivo 37.967), sin justificar por qué.
”Además, el capítulo 17 del Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominica) establece que la normativa ambiental se puede modificar, pero no por una más flexible”, comentó Astorga, quien fue uno de los que participó en la redacción del decreto 37.967.
La Sala IV acogió la acción para estudio, lo cual detiene las sentencias finales de cualquier acto administrativo con base en esa normativa. La resolución de este caso puede durar un año.
Esto significa que si la Setena estudia una solicitud de viabilidad ambiental, para un plan regulador hecho bajo el decreto 39.150, no se le puede dar la viabilidad hasta que la Sala resuelva la acción, aunque se hayan presentado los documentos correctos.
En espera. El decreto ejecutivo impugnado permitía a los municipios emitir planes reguladores con información básica, mientras otras entidades dan insumos en temas como el hidrogeológico.
Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, explicó que más del 70% de las 81 municipios están a la espera de que la Sala resuelva esa acción, para continuar con los trámites de sus planes.
“No puede ser que un plan regulador (con la normativa del decreto 39.150) pida requisitos que ni siquiera se tienen en el país los instrumentos necesarios para cumplirlos. Le pedimos al Gobierno que cada institución definiera sus pasos para concretar el plan y resulta que saca un decreto para agilizar y ahora se entraba. El Setena continúa archivando solicitudes”, dijo Porras.
Archivados. Según datos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), del 2004 al 2016, solo se registran 26 viabilidades ambientales otorgadas, de las cuales cinco continuaron el proceso y poseen plan regulador, siete solicitudes están en estudio y 80 se han archivado, la mayoría, por inconsistencias técnicas.
Gerardo Rojas, alcalde de Flores, es uno de los que espera que la Sala resuelva la acción de inconstitucionalidad.
El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica fue contratado por este gobierno local para elaborar el plan regulador.
“Nosotros hicimos los estudios, pero no como los estaba pidiendo Setena, ya que son demasiado onerosos. La normativa vigente (37. 967) pide estudios de suelos que son muy caros. Con el nuevo decreto se permite utilizar la información que ya se tiene y avanzar con el plan, pero estamos varados”, dijo Rojas.
Críticas. Astorga reprocha que Produs utilizara una metodología sustitutiva y no la del 2006. También critica que Rosendo Pujol, titular de Vivienda, quien antes era coordinador de Produs, fuera uno de los ministros que firmó el nuevo decreto.
“Rechazo cualquier insinuación de tráfico de influencias. Lo que había era una parálisis total porque el IFA (índice de fragilidad ambiental) que había redactado Astorga, para la normativa del 2006, es imposible de aplicar. El Gobierno lo que hizo con el nuevo decreto es liberar a las municipalidades de esa camisa de fuerza”, explicó Pujol.
Se intentó hablar con Produs, pero no fue posible.
La Setena instó a los municipios a que se acerquen a la institución, sin importar que este decreto esté impugnado.
“No todas las normas del decreto están impugnadas. Estamos en la mejor disposición de ayudar a los municipios para ver las opciones que tienen para seguir adelante con su plan regulador”, detalló Marco Arroyo, secretario general de la Setena.