El proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal superó con éxito la última etapa del trámite legislativo la tarde de este lunes, la votación del segundo debate, con la aprobación de 45 legisladores.
La iniciativa ahora solo requiere la firma del presidente de la República y su publicación en el diario oficial para entrar en vigencia, dos años y medio después de que el expediente llegó al Congreso.
El plan, impulsado por el Gobierno, busca darle armas a la Dirección General de Tributación para perseguir a los evasores de impuestos. Entre las medidas se encuentra un registro de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades anónimas, que permitiría conocer a profundidad la información de los accionistas de las empresas, sus ganancias y sus destinos.
El registro de accionistas estará en manos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El proyecto de ley también le permitirá a Hacienda solicitar embargos de los bienes registrales de los morosos y gestionar una medida cautelar provisionalísima para el congelamiento de bienes de empresas sospechosas de defraudación fiscal.
En contra de la aprobación del expediente 19.245 votaron los libertarios Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro. A ellos se unieron los frenteamplista Carlos Hernández y Ligia Fallas.
A diferencia de la votación del primer debate, que se realizó hace tres meses (el 8 de setiembre), esta vez los legisladores no estuvieron sometidos a una maratón de discursos de Otto Guevara, pues ya ningún cambio se podía operar sobre el proyecto de ley.
Según la socialcristiana Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el pryecto incluye sanciones claramente definidas para los funcionarios que utilicen indebidamente la información proporcionada por los empresarios.
"Hoy hemos garantizado a las autoridades una herramienta para luchar contra la evasión fiscal y el lavado, a la vez brinda seguridad a los ciudadanos de que la información no se usará inadecuadamente y con derechos específicos de recurrir a un juez para protegerlos", dijo Ramos.
A pesar de las dudas que en su momento lanzaron sobre la creación del registro de los accionistas, las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Liberación Nacional (PLN) alabaron la aprobación definitiva y aseguraron, al igual que lo hizo el Frente Amplio, que fortalecieron —cada uno con sus propuestas— el proyecto.
"Lanzamos una señal clara de repudio y acciones concretas que cierren los portillos a la evasión y el crimen organizado", mencionó el liberacionista Rolando González.
Otras medidas
Con la entrada en vigencia de la ley, Hacienda también deberá implementar herramientas, así como los comercios respectivos, para que se conozcan en tiempo real las facturas de los comercios y servicios.
Para cumplir con esa obligación, los comercios tendrán un plazo de dos años para implementar todos los elementos necesarios.
Por otro lado, todos los contribuyentes deberán estar al día en sus obligaciones tributarias para contratar con el Estado, solicitar exoneraciones, recibir concesiones, permisos o autorizaciones para explotar bienes o servicios públicos.
El plan también incluye sanciones para los asesores tributarios que aconsejen o ayuden a sus clientes a omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto en sus declaraciones respectivas, o bien que colabore en la alteración de datos y documentos.
