El rango que tenía el Cementerio General de Cartago, como patrimonio histórico-arquitectónico, fue revocado por el ministro de Cultura Manuel Obregón, al acoger una recomendación de un órgano legal conformado por la Hermandad de la Caridad de Cartago, administradora de ese inmueble que había solicitado la derogatoria.
Este cementerio, que data desde l8l3 y que en noviembre de este año cumplirá 200 años, ostentaba el reconocimiento de patrimonio desde el 27 de septiembre de l99l, por decreto 20707 publicado en Gaceta número l84.
La declaratoria se dio bajo el argumento de belleza arquitectónica de sus mausoleos, esculturas que son una “reliquia”, y también porque allí reposan grandes figuras de Cartago y del país.
También descansan los restos de soldados cartagineses de la guerra del 56, entre ellos Luis Pacheco Bertora, el primer costarricense que intentó quemar el mesón, el Benemérito ex presidente Jesús Jiménez y su hijo el también ex presidente Ricardo Jiménez, la legendaria Anacleto Arnesto de Mayorga, el filántropo doctor Max Peralta, cofundador de lo que hoy es la Hermandad, entre otros.
No obstante, la actual Hermandad de la Caridad de Cartago, fundada en l863 bajo el nombre de la Junta de Protección Social de Cartago, entabló, por medio de su presidente Mario Bonilla López, una acción legal contra el Centro de Investigación y Conservación del Ministerio de Cultura, por esa declaratoria.
Bonilla explicó que ellos tuvieron que recurrir a esa apelación porque el estudio para declararlo patrimonio fue “carente de rigurosidad histórica, aparte de que una declaratoria de este tipo es, prácticamente, una confiscación del Estado que sólo nos ocasiona trabas a nuestra función porque no ayudan en nada en su mantenimiento”.
El planteamiento de la entidad cartaginesa dijo que el estudio histórico se basó en datos del libro Monografía de Cartago, elaborado por el educador Jesús Mata Gamboa, en l930 de quien desconocen “si es un historiador titulado”.
También cuestionan que la Hermandad no es la propietaria de las fosas, sino que son de los arrendatarios, así como de las esculturas, y ornamentos, demás de los bienes construidos por lo que son los que tienen derechos sobre ellas.
La Hermandad alega que los trámites de permiso que hay que hacer al Centro de Conservación no son lo más indicado para el funcionamiento del campo santo, “porque hasta un crucifijo que se va a poner, hay que pedir permiso”, enfatizó Bonilla.
Por eso, en la resolución DM 75-20l3 del l8 de abril, el ministro de cultura revocó el rango de patrimonio. La noticia trascendió esta semana.
